La atención sanitaria fue, una vez más, la protagonista del pleno de la Diputación. En la sesión de ayer, la ordinaria correspondiente a septiembre, se aprobaron dos mociones, una del Partido Popular y otra del Partido Socialista, que básicamente solicitaban lo mismo: instar a la Junta de Castilla y León a recuperar la atención presencial en los más de 300 consultorios locales y centros de salud de la provincia.

En el fondo, todos los grupos políticos que conforman la corporación provincial están de acuerdo en que es necesario reforzar la sanidad pública en el medio rural para garantizar la atención de los ciudadanos en igualdad de condiciones que en las ciudades. Por ese motivo, tampoco hubo problemas para cerrar un frente común que exija a la administración regional a poner en marcha un plan de captación y fidelización de profesionales sanitarios que se complemente con un aumento de las plazas MIR  en las especialidades más demandadas en el medio rural como es el caso de la medicina familiar y comunitaria. Una posible solución a la falta de médicos, un problema estructural en todos los centros de salud del territorio nacional.

También para que la Junta apruebe un plan de infraestructuras sanitarias que contemple agilizar los trámites para la construcción del nuevo hospital, así como la instalación de la unidad satélite de radioterapia; y a que se cree un plan de choque para reducir la lista de espera de los pacientes. 

Todas ellas reclamaciones sensatas, que salieron adelante con unos u otros apoyos, y de las que los representantes políticos de uno u otro partido tendrían muy difícil renegar si no fuese por el contexto en el que llegaron envueltas al pleno. 

Moción del PP. La propuesta del Partido Popular «sorprendió» al resto de grupos de la Corporación. Sobre todo a Ciudadanos, que llamó la atención sobre el hecho de que su petición de reabrir los consultorios y centros de salud y dotarlos de medios técnicos y humanos estuviese dirigida directamente a la Consejería de Sanidad, presidida por Verónica Casado... de Ciudadanos.

Milagros Bodero se encargó de recordar que es sobre el popular Alfonso Fernández Mañueco, como presidente, sobre quien recae «la responsabilidad de dirigir y coordinar la acción de Gobierno. Y que sepamos, sigue siendo de su partido», apostilló. La crítica de Cs a la evidente intención política de los populares de marcar distancias con sus compañeros de gobierno en la administración regional no pasó de ahí. «Salvo en este matiz, estamos de acuerdo», zanjó Bodero.

Obviamente, el grupo socialista no dejó pasar la oportunidad y cargó contra una moción vista desde la bancada del PSOE como «el segundo capítulo del divorcio entre PP y Cs y la búsqueda de un adelanto electoral». Miguel Ángel Blanco, portavoz del PSOE, acusó a los populares de «instrumentalizar la sanidad pública con fines electorales», y recriminó que el PP intentase «buscar otro culplable -en referencia a Verónica Casado- a su nefasta gestión en sanidad durante 30 años».

Esa misma senda tomó la argumentación de Ganemos-IU, cuyo portavoz, Eduardo Hermida, echó en cara al equipo de Gobierno su «cinismo absoluto» por presentar una propuesta «de cara a la galería» cuando el Partido Popular «ha obviado las peticiones de la oposición para mejorar la sanidad, votando en contra y culpado a todos excepto a sí mismos».

La portavoz del PP, María José de la Fuente, negó la mayor e intentó despegar de la propuesta cualquier contexto político más allá del interés por mejorar la sanidad rural. «Es una petición muy sencilla, que se abran los consultorio, y si instamos a la consejera es porque le corresponde a ella», alegó. Después, la propia presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, recalcó esta idea y dejó el mensaje de que «Castilla y León tiene una sanidad de calidad, pero también hay dificultades que es necesario solucionar». El texto, finalmente, salió adelante con los votos del PP y Cs, la abstención del PSOEy el voto en contra de Ganemos-IU.

moción del PSOE. Tras un debate intenso a cuenta de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley sobre la ordenación de servicios y gobierno del territorio de Castilla y León, en la que de nuevo se mostraron las posturas antagónicas entre PPy PSOE en este tema, y que se saldó con el rechazo por parte de los populares y Cs a la moción socialista, llegó un segundo debate sobre sanidad.

Y de nuevo, el contexto. Al igual que le ocurría a la propuesta popular, a la del PSOE se le notaban demasiado unas costuras hilvanadas a nivel regional con el objetivo de «producir ruido». Al menos así lo consideró el Partido Popular, cuya portavoz, María José de la Fuente, criticó a los socialistas que «ni colaboran ni se sientan a negociar» cómo mejorar la sanidad. «No sabemos cuáles son sus ideas», apostilló. No obstante, como dos no pelean si uno no quiere, De la Fuente y Blanco, el portavoz socialista, decidieron limpiar de contexto la propuesta para dejarla expedita para un acuerdo.

Más curiosa fue la postura de Ciudadanos, que tras mostrarse de acuerdo con lo que solicitaba el PP en su moción, tildó la del PSOE de «típica propuesta que insta a gastar y a gastar porque no son ellos los que tienen que presupuestar». Las dos proposiciones, conviene recordarlo, pedían en su primer punto exactamente lo mismo: la apertura de los centros de salud y los consultorios locales y su dotación con personal y medios suficientes. Tras la enmienda transaccional pactada por PSOE y PP, Ciudadanos votó a favor, postura que también defendió desde un principio Ganemos-IU.

otros debates. El pleno dejó también la aprobación,  con el voto favorable de PP y Ciudadanos y en contra de Ganemos y PSOE, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estancias en la residencia de mayores San Telmo, con una subida del 17,9 por ciento que actualiza unas cantidades que llevaban vigentes desde el año 2008. Además, Ángeles Armisén dio cuenta de la resolución del Tribunal Supremo sobre la calle Jardines.

Petición para recuperar el transporte ferroviario previo a la pandemia 

Aunque con algún cambio menor respecto a la propuesta inicial, el pleno de la Diputación sacó adelante una propuesta defendida por el Partido Popular, gracias a la que se instará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a Renfe a que «recupere el nivel de frecuencias de Media Distancia previo al primer estado de alarma, con horarios adaptados a jornadas laborales y comerciales».

Se da la circunstancia de que el miércoles, Renfe anunció que va a recuperar la totalidad de los servicios de Larga Distancia entre Santander y Madrid a partir del próximo 18 de octubre, lo que incrementará los servicios disponibles también para las estaciones de Palencia y Valladolid.

Además, la propuesta popular solicita la presencia de interventores en todos los trenes de Media Distancia, declarar la línea de alta velocidad entre Palencia y Valladolid como obligación de servicio público; reservar un porcentaje de plazas con una tarifa equivalente a la de los Avant o incrementar las frecuencias de trenes de alta velocidad, especialmente a primera hora de la mañana, entre otras.