Cuatro detenidos por estafar a Hacienda 7 millones

Alberto Abascal
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La trama está constituida por cinco empresas. El matrimonio ha sido condenado ya por la Audiencia Provincial

La Guardia Civil ha detenido finalmente a cuatro personas e investiga a otra, como supuestas autoras de fraude fiscal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales, en una trama constituida por cinco empresas que llegó a defraudar a Hacienda mas de siete millones de euros, una investigación llevada a cabo por el juzgado de instrucción número 3 que ya adelantó Diario Palentino hace varios meses.
Los responsables de las empresas investigadas, un matrimonio y su hijo de origen búlgaro, que en abril de 2018 ya asumieron 21 meses de prisión y multa de 2.700 euros como autores responsables de un delito continuado de falsedad en documento público en concurso con un delito continuado de estafa. Todo ello después de que como administradores de tres empresas de transporte por carretera obrarán en su poder la documentación personal de siete ciudadanos de origen búlgaro que fueron trabajadores suyos, (la madre volvió a ser condenada con otros 21 meses en diciembre), y el director de una sucursal bancaria de la capital son los arrestados, mientras que la persona investigada es la responsable de una gestoría.
Según la Guardia Civil, este grupo criminal realizaba actividades ilícitas en el sector del transporte de mercancías por carretera y se valía de la débil situación de personas extranjeras, principalmente compatriotas búlgaros, que precisaban de trabajo en España. El estado de necesidad y el desconocimiento del idioma facilitaba que la trama obtuviese extraordinarios beneficios.
La investigación comenzó por la denuncia de un antiguo trabajador que había prestado servicios para una de las empresas investigadas y creía estar en situación laboral como trabajador por cuenta ajena, cuando en realidad estuvo dado de alta como autónomo.
Terminada la relación laboral, el denunciante comenzó a recibir requerimientos de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social por las deudas que habría acumulado ya que, al desconocer su condición de autónomo, no había hecho frente a las cuotas, calculadas en miles de euros, además de figurar en una cuenta bancaria que nunca había contratado. Al parecer, los detenidos obligaban a sus trabajadores a formar parte de la empresa, para lo cual tenían que hacerse socios de la cooperativa y, al no disponer de vehículo ni de tarjeta de transportes, se les conminaba a contratar préstamos para la compra de una camión que debía ser puesto a nombre de la empresa bajo la promesa de devolución cuando el trabajador la abandonara.
En la concesión de los préstamos participaba activamente el director de una sucursal bancaria de la capital.