Castilla y León ya ha alcanzado las 100.000 personas con prestación concedida por el Sistema de Dependencia, un 60% más que en 2015, cuando la cifra era de 62.117, lo que sitúa a la Comunidad como una «referencia» y supone un «estímulo» para continuar con la «mejora». Así lo destacó ayer el consejero de Familia, Carlos Fernández Carriedo, antes del inicio de la jornada ‘La Ley de Dependencia en Castilla y León, una visión de futuro’ en Valladolid, un acto que ha inaugurado junto al presidente de la Federación de Atención a la Dependencia en la Comunidad (Acalerte), Diego Juez, y en el que se ha presentado el estudio ‘El caos por la dependencia en España’. Las 100.000 personas que en la actualidad tiene prestaciones concedidas acumulan a su vez más de 135.000, frente a las 77.511 de mediados de 2015, lo que implica un incremento del 74 por ciento en el número de prestaciones.
De este modo, este sistema genera cerca de 30.290 puestos de trabajo directos en la Comunidad, donde una persona mayor de 80 años tiene «prácticamente el triple» de oportunidades de ingresar en una plaza residencial al amparo de la Ley de Dependencia, ya que el 80% de las personas en estos centros se benefician de la financiación pública. Fernández Carriedo subrayó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la Comunidad se sitúa como una «referencia» en esta materia, pues alrededor del 98,5 por ciento de las personas que han solicitado una atención de dependencia han sido atendidas, una cifra que se encuentra 18 puntos por encima de la media nacional.
Esta situación, como añadió, es el resultado de «importantes esfuerzos» como la puesta en marcha de más recursos por parte de la Junta, que aportó doce millones de euros «a mayores» a este sector y ha desarrollado una política «acertada y adecuada», y también de la colaboración de distintas instituciones, entre las que destacó el «peso» del tercer sector en la toma de decisiones y la gestión.
Fernández Carriedo también quiso reconocer el «mérito» de los profesionales que trabajan en este ámbito y resaltó que en la Comunidad los servicios están profesionalizados, para lo que ha precisado que más del 80% de las prestaciones son de este carácter.
Asimismo, aseguró que el reconocimiento de la Comunidad como «referencia» en la materia también es «fruto» del diálogo con las instituciones, un proceso en el que el papel de las entidades locales y del diálogo social es «básico y fundamental».
«Para nosotros ser una referencia nacional es un estímulo que no nos impide ver que tenemos que recorrer un camino en el futuro, en el que se reduzcan los plazos para concesión del derecho a la dependencia y también para atender más dependientes en el futuro», añadió durante el acto, en el que también estuvo acompañado por la diputada electa Alicia García, exconsejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Pionera
Por su parte Diego Juez, presidente de la Federación Empresarial Castellana y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte), se congratuló de que la Comunidad haya sido «pionera en Servicios Sociales y capaz de innovar en atención a mayores con nuevos modelos, poniéndolos en el centro del sistema», especialmente en las residencias, donde hay unas 46.000 plazas. No obstante, lamentó que con una mayor financiación «se estaría a la cabeza de Europa» y reclamó que alcance el dos por ciento en atención a la dependencia del presupuesto real del Estado y las autonomías frente al 0,54% actual. «Tiene que ir subiendo y así se dará solución a este tipo de problemas dado el progresivo envejecimiento y también la despoblación. Está bien vincular las prestaciones al servicio pero tienen que incrementarse las cantidades de acuerdo a las pensiones, que en Castilla y León son bajas. Que el dinero vaya al bolsillo de los mayores y que ellos elijan el centro al que quieren acudir», indicó.
Juez también aseveró que la «realidad» en esta materia «es muy distinta» en el medio rural y las grandes ciudades, y, en concreto, manifestó que los precios de los centros residenciales son «más razonables» en regiones como Castilla y León, donde la cifra es de entre 1.400 o 1.450 euros, mientras en Madrid se superan los 2.000 euros.