El anunciado y fechado fin de las centrales de carbón en Castilla y León –Compostilla II en enero de 2020; La Robla en junio; y Velilla en 2021– está sirviendo para despejar de contaminantes el aire de la Comunidad. La progresiva reducción de la actividad extractiva para su posterior quema en las térmicas durante la última década, incluido en cierre de Anllares en 2018, esta rebajando la huella de carbono en la región a mínimos históricos. De hecho, según los datos que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica, en Castilla y León se emitieron en 2017 –último año con datos oficiales– 31,101 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, la tercera cifra más baja de la historia.De hecho, esta cantidad supone un 30 por ciento menos que a principios de siglo, cuando la cifra rondaba los 45 millones de toneladas anuales de gases como el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos, etc.
Unas cifras en las que todavía no está incluido el impacto del cierre en 2018 de la térmica de Anllares, pero que acompañan al progresivo descenso tanto en la actividad minera como en la producción térmica de las centrales de Castilla y León, que desde 2012 ha reducido su generación eléctrica en más de un 70 por ciento, al pasar de los casi 11.200 GW/h a los 3.278 del año pasado, según los datos de los últimos informes que maneja Red Eléctrica Española (REE).
Sin embargo, no solo la minería y las térmicas están detrás de la contaminación atmosférica de la Comunidad, y el resto de la actividad industrial y económica de Castilla yLeón también está haciendo lo propio. El Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del Ministerio de Transición Ecológica detalla que la contaminación procedente de las empresas autonómicas se fijó en 2017 en 14,5 millones, frente a los más de 20 registrados cinco años antes.
La mayor cuantía de las emisiones en Castilla y León procedieron de las instalaciones de combustión energética (11,1 millones de toneladas), seguidas de las industrias minerales (1,7 millones de toneladas). Menor incidencia generó la industria derivada de la madera (576.000 toneladas); la actividad relacionada con la producción de origen animal y vegetal, la industria alimentaria y las bebidas (374.000 toneladas); la industria química (335.000 toneladas); o la gestión de residuos y aguas residuales (238.000 toneladas): La ganadería y la acuicultura intensiva en Castilla y León supusieron 29.000 toneladas de emisiones en 2017.
Calidad del aire
Sin embargo, a pesar de estas reducciones de las emisiones, el 97 por ciento de la población y el 92 por ciento del territorio estuvieron expuestos a unos niveles de contaminación que superan las niveles aconsejado. Según el informe ‘La calidad del aire en el Estado español durante 2018’, «pese a las abundantes lluvias del pasado año, el cambio climático y el repunte en la quema de combustibles fósiles mantienen un problema que afecta a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos, bosques y espacios naturales».
De hecho, un reciente informe de Ecologistas en Acción advirtió de que la contaminación por ozono causa un centenar de fallecidos de media al año en Castilla y León. De ellas, unas diez víctimas se registran en Ávila, 20 en Salamanca, 24 en Segovia y 34 en Valladolid, las provincias más afectadas en el estudio, dado que allí se encuentran las estaciones que han presentado los niveles de ozono más altos.