La inversión en ferrocarril y en carreteras gana terreno al AVE en Castilla y León, una vez que la construcción y equipamiento de los grandes corredores del norte y noroeste llegan a su fin, con el inicio de las últimas fases antes de su puesta en servicio. Los cambios en la estrategia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se han iniciado ya a pesar de que sigue vigente el Presupuesto General del Estado de 2018. 

Un nuevo horizonte comienza a vislumbrarse en la programación de inversiones en la Comunidad, una vez que se acercan a su final las obras de construcción de los grandes corredores de alta velocidad. El giro en la estrategia sobre la infraestructuras se muestra ya en el informe que acaba de elaborar la Intervención General sobre el sector público estatal en 2019, al que tuvo acceso Ical.

Este estudio pormenorizado sobre la inversión territorializada de ministerios, empresas públicas y otras entidades del Estado refleja una creciente apuesta por el ferrocarril convencional y las carreteras, que habían perdido peso en la última década en favor del AVE. Los cambios llegan a pesar de que las cuentas siguen siendo las mismas a la espera de que se impulse un nuevo proyecto presupuestario, que se vislumbra para otoño. 

El nuevo horizonte arranca a pesar de que continúan pendientes de entrar en servicio las conexiones del AVE con Galicia por Zamora, Asturias por León y con Burgos y el País Vasco. Sin embargo, los grandes paquetes millones que absorbían estas infraestructuras comienzan a dar paso a otras actuaciones baja la batuta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que el año anterior mantenía la denominación de Fomento. 

El grupo dirigido por José Luis Ábalos gestionó inversiones por 759 millones en carreteras y ferrocarriles de la Comunidad en 2019, lo que supuso un 1,04 por ciento menos que en 2018, ejercicio compartido por la administración de Pedro Sánchez y el expresidente Mariano Rajoy. A pesar de la prórroga presupuestaria y de la convocatoria de dos elecciones generales, que mantuvo al Ejecutivo en funciones, el recorte para Castilla y León fue de poco más de 7,9 millones. 

De hecho estas infraestructuras terrestres acapararon ocho de cada diez euros llegados a la Comunidad en forma de inversiones del Estado, puesto que el montante total fue de 898 millones, un 1,6 por ciento menos, lo que supuso 14,9 millones menos que en 2018, cuando el total fue de 913 millones. 

Por un lado, los ministerios elevaron su acción inversora un 18,6 por ciento, hasta los 422 millones, y las entidades administrativas un 6,6 por ciento hasta los 1,6 millones, sin embargo, las empresas publicas gastaron un 14,9 por ciento menos, 435 millones, y los organismos autónomos, un once por ciento menos (38,4 millones).

Menos para el AVE

La pérdida de terreno en las inversiones del Estado de Castilla y León se produjo por el descenso de las partidas gestionadas por la sociedad Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) Alta Velocidad. Esta empresa pública, encargada de la construcción de las redes del AVE, gestionó 274,7 millones en 2019, frente a los 372 de 2018. Este descenso del 26,2 por ciento supuso 97,5 millones menos para la Comunidad

Esta reducción fue compensada en parte por el incremento registrado en la inversión de Adif, la empresa que asume el mantenimiento y mejora de la red convencional de ferrocarril española. La sociedad pasó de dedicar 25,2 millones a sus infraestructuras en la Comunidad a movilizar 64,4 millones, es decir, 39,1 millones más, con un incremento récord el 155 por ciento. 

También crecieron las inversiones gestionadas directamente por el Ministerio de Ábalos en un 20,4 por ciento en Castilla y León. Si en 2018 dedicó a la Comunidad 290,8 millones en diferentes contratos, en 2019 elevó ese montante hasta los 350,2 millones, lo que se tradujo en 59,3 millones. 

Por el contrario, Renfe redujo sus inversiones en Castilla y León un 15,3 por ciento, pasando de 12,9 a 10,9 millones, es decir, casi dos millones menos. Menor fue el recorte en las actuaciones de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), que registró una caída del 10,5 por ciento en las partidas para la Comunidad, hasta las 58,9 millones.