La Fiscalía rebajó ayer de tres a dos años la petición de penas de prisión bajo el compromiso de un calendario de pagos para un hostelero de la provincia F.J.L.G., que ayer fue juzgado en la Audiencia Provincial acusado de haber cometido un delito contra la Seguridad Social al no haber abonado las cuotas desde el ejercicio de 2013 y por incumplir sus obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas de trabajadores.

El acusado, antes de que el juicio quedara visto para sentencia, indicó en líneas generales que la crisis y determinadas inversiones fallidas provocaron que no pudiera hacer frente a sus obligaciones fiscales y que en ningún momento tuvo intención de cometer infracción penal alguna.

La Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, pormenoriza que este hostelero, en calidad de autónomo, ejerce su actividad desde agosto de 1991 regentando diversos establecimientos, manteniendo en alta actualmente a ocho trabajadores. 

El Ministerio Público mantiene que si bien durante un lardo período el acusado abonó las correspondientes cuotas de la Seguridad Social con normalidad, desde el ejercicio de 2013 y hasta el mes de septiembre de 2018 supuestamente generó y acumuló una deuda con la Seguridad Social por un importante que asciende a 313.679,15 euros, tal y como consta en las certificaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Según el fiscal del caso, el acusado, además incumplir supuestamente con sus obligaciones de cotización a la Seguridad Social, también incumplió sus obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas de trabajadores a su servicio, de tal manera que con motivo de una inspección realizada en dos negocios suyos, se comprobó que  F.J.L.G, a través de su firma empresarial, tenía contratados dos trabajadores sin darles de alta en la Seguridad Social, siendo uno de ellos perceptores de subsidio por desempleo desde el 13 de noviembre de 2016.

Asimismo, la Fiscalía mantiene que el grupo de investigación de la Unidad de Recaudación de la Seguridad Social ha negociado con el acusado hasta en varias ocasiones aplazamientos de pago entre los años 2010 y 2012, todos ellos incumplidos por generar nueva deuda.