Un hombre identificado como S.P.R., de 31 años, aceptó recientemente en el Juzgado de lo Penal una multa superior a los 1.000 euros y una indemnización de 6.174 euros en favor del coto de caza de Mantinos como autor responsable de un delito contra la fauna después de abatir de manera furtiva a un corzo en marzo de 2018. La época de veda estaba cerrada desde el 25 de febrero y llevó a cabo su actuación sin contar con la autorización del titular del coto de caza situado en el municipio de Mantinos. Por ello, S.P.R. ha sido inhabilitado para el ejercicio de la caza durante el plazo de un año y medio.
Se trata del último caso juzgado en Palencia por un delito contra la fauna derivado de la caza furtiva, una actividad ilegal que a tenor de los datos proporcionados por la Guardia Civil, se ha ralentizado en 2018 si se comparan dichos datos con los de 2017. Durante el pasado ejercicio la Guardia Civil formuló 57 denuncias, una media de cinco mensuales, y detuvo o investigó a una persona, que precisamente corresponde al caso ya citado y juzgado en el Juzgado de lo Penal. Esta cifra de denuncias es sensiblemente inferior a las ofrecidas en 2017. En ese año concreto se formularon 82 denuncias, más de un 30 por ciento más que en 2018 y se detuvo o investigó a tres personas.
Fuentes de la Benemérita consultadas por Diario Palentino indicaron que esta merma en cuanto al número de atestados levantados no tiene una justificación concreta. Y es que también el número de piezas abatidas ilegalmente aprehendidas también fue sensiblemente inferior en 2018 respecto a 2017.
Durante el pasado año se localizaron tres piezas por autor conocido (una cabeza trofeo de ciervo macho y dos cabezas trofeo de corzo), además de seis cabezas de ciervo macho abatidos por autor desconocido, mientras que un año antes los agentes del Seprona de la Guardia Civil intervinieron 95 piezas con autor conocido (31 cabezas de ciervo macho, 42 cabezas trofeo de corzo macho, dos cabezas de muflón, 11 de rebeco, un lobo entero, un lobo descuartizado y siete jabalíes), además de una cabeza de trofeo de ciervo macho abatido por una persona aún no identificada. Fuentes consultadas por este periódico indican que a tenor de estos números el nivel transgresor en materia de caza, aún siendo importante, no es excesivo, teniendo en cuenta el número de monterías que se organizan y las jornadas de caza menor que se programan. En cualquier caso, las mismas fuentes consultadas indican que aunque teóricamente la ratio más alta a la hora de sancionar un comportamiento es el delito, en la práctica, en muchas ocasiones, la infracción o la sanción que impone el juez al imputar un delito es menor que si se trata de una infracción administrativa.
Esto puede justificar en parte en que no haya delitos en materia de caza y sí infracciones administrativas, aunque hay que tener en cuenta otro aspecto: los artículos 335 y 336 del Código Penal recogen el delito de caza furtiva, pero es muy difícil de demostrar, salvo que se trate de una pieza en peligro de extinción, que se trate de un actividad fuera de veda o que se identifiquen a los autores en el mismo momento. Por lo demás, hay que recordar que en 1876 la Guardia Civil asumió el desempeño del servicio de seguridad y policía rural y forestal. Esta nueva misión comprendía funciones de protección de montes públicos, prevención de incendios o impedir aprovechamientos clandestinos de recursos, pero sería en junio de 1988 cuando se puso en marcha el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), como respuesta especializada al mandato constitucional de garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como el deber de conservarlo.