El año 2019 no ha empezado con buen pie para el mundo empresarial español. El proceso electoral que culminará el 28 de abril supone un reto económico de primera magnitud ante la realidad que atraviesa el país y los planteamientos que los partidos defienden en sus programas.

En este contexto, más de 8.000 trabajadores se enfrentan desde primeros de año a unos 350 Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y con un dudoso futuro a las puertas de una nueva recesión de magnitud aún difícil de cuantificar.

Preocupan especialmente dos sectores, el del automóvil y el del comercio, que son donde los ajustes que se están produciendo son más agresivos con el mantenimiento de los puestos de trabajo que existen actualmente.

Así, desde el anuncio del pasado 11 de junio de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegurando que «el diésel tenía los días contados», esta industria no levanta cabeza y, según Volkswagen, con esta alerta, se perderán más de 25.000 ventas solo en 2019.

Por otra parte, la desaceleración económica ante el conflicto existente entre EEUU y China o el Brexit está complicando la expansión de las exportaciones y perjudicando al sector comercial, industrial o agrícola, de ahí la importancia de una acertada política en el exterior.

Ante este panorama, son ya numerosos los organismo los que han dado la advertencia de la desaceleración que se está notando en la economía nacional. El FMI rebajó recientemente una décima, el crecimiento del PIB hasta el 2,1% este año y al 1,9% en 2020, a la vez que preveía que el paro no disminuirá del 14%, lo que supone un gran obstáculo y una carga para las arcas públicas que tienen que soportar más gasto en partidas sociales.

En esta misma línea, se ha pronunciado el BBVA Research, que revisó la previsión de expansión española al 2,2% para este año por la incertidumbre económica que transmite la situación política y, en especial, por la crisis de Cataluña.