Pocas veces se ha dado en el ámbito penal pero ha ocurrido: el acusado y la víctima de una agresión por arma blanca en un centro residencial han fallecido sin conocer la sentencia dictada por la Audiencia Provincial respecto al caso que les ocupaba. La víctima, centenaria en el momento de los hechos, falleció antes de la celebración de la vista oral, mientras que el acusado, de 80 años en el momento de los hechos, murió recientemente justo después de celebrarse el juicio y antes de que conociera la resolución.
Los hechos juzgados ocurrieron sobre las 17,30 horas del 24 de septiembre de 2019 en la residencia de la tercera edad Ciudad de Palencia, situada en la calle María de Padilla de la capital. El acusado se encontraba en la sala de televisión en compañía de otros dos residentes cuando en un momento determinado se acercó a la víctima y tras sujetarla por la cabeza le cortó en el cuello con una navaja «con clara intención de causarle la muerte». A consecuencia de la agresión, la anciana sufrió una herida incisa que precisó para su curación hemostasia de los puntos sangrantes y cierre de la herida, tardando 10 días en curarse, quedándole como secuela una cicatriz de 25 centímetros de longitud en la región inferior del cuello.
En poder del acusado fue ocupada una navaja de ocho centímetros que llevaba en el bolsillo de su chaqueta. Según el informe médico esgrimido por la Fiscalía, el procesado padecía una psicosis de esquizofrenia paranoide delirante de carácter crónico.
Llevaba 30 años bajo tratamiento psiquiátrico sin remisiones habiendo sufrido una agudización de su clínica paranoide habitual, lo que le anulaba sus facultades intelectivas y volitivas, ya que sus actos y consecuencias surgían de premisas y situaciones falsas y abstractas. De hecho, se encontraba incapacitado judicialmente por sentencia dictada por sentencia del juzgado de primera instancia número 5.
RESPONSABILIDAD CIVIL. Ahora acaba de conocerse que la Audiencia Provincial le había absuelto del delito de tentativa de homicidio al considerarle inimputable, y le había impuesto una medida de internamiento por un período de siete años y medio, mientras que en el apartado de responsabilidad civil le impuso en favor de los herederos de la víctima una cantidad de 6.000 euros al considerar la sala que el daño moral existió pues fue patente que la anciana, antes de su fallecimiento, sufrió una situación de impacto emocional, un padecimiento psíquico, que describieron de forma suficiente en el acto del juicio tanto su hijo, que declaró en calidad de testigo, como una cuidadora de la residencia en que sucedieron los hechos.
Según los expertos legales consultados, en estos casos la responsabilidad penal desaparece al morir el acusado. Cuestión distinta es la responsabilidad civil con la que podría abrirse un proceso por esta vía para solventar la indemnización.