El Ayuntamiento dio ayer el visto bueno a una arriesgada jugada para intentar solventar el conflicto que mantiene con la calle Jardines: renunciar al convenio con la intención de que el Consejo Consultivo dé una alternativa al pago de 25 millones de euros -19 más intereses- a la Diputación antes de que el conflicto se judicialice y sea un juez quien decida quién tiene la razón.

Si bien la dirección política del Ayuntamiento de la capital y la Diputación parecen estar de acuerdo -al menos de puertas para fuera- en solucionar el conflicto por la calle Jardines, las secretarías generales de ambas administraciones no han logrado hallar una solución jurídica que permita establecer qué hacer con los 25 millones de euros que la ciudad adeuda a la institución provincial por el terreno que permitió conectar la calle Jardines.

Por eso, después de seis meses de análisis y negociación, el Ayuntamiento decidió ayer hacer caso a su secretario general, Carlos Aizpuru, cortar por lo sano y optar por iniciar el expediente de revisión de oficio para declarar nulos todos los actos administrativos que llevaron a la  situación actual: el expediente expropiatorio de terrenos, el convenio expropiatorio y urbanístico ente la Diputación y el Ayuntamiento y prórrogas del mismo.

Conviene recordar que en las postrimerías de sus mandatos, el socialista Heliodoro Gallego y el popular Enrique Martín alcanzaron un acuerdo que permitiese conectar de una vez por todas la calle Jardines, y que pasaba por la cesión de 38.287 metros al Ayuntamiento a condición de que este le devolviera a la Diputación en el plazo de dos años 18.113 de esos metros convertidos en suelo urbanizable y con una edificabilidad mejorada.

La recalificación iba a deparar a la institución provincial 19 millones de euros a través de la explotación urbanística de ese suelo, la cantidad fijada por la Comisión Territorial de Valoración para las parcelas de la calle Jardines.

Sin embargo, ese acuerdo nunca se ejecutó y ambas instituciones lo han ido aplazando -lo que ha generado 5 millones de euros en intereses- hasta que en octubre del año pasado, la oposición dijo basta y obligó a ambas instituciones a crear una mesa de trabajo que negociase una solución definitiva antes del 31 de marzo.

defectos en el acuerdo. El informe que ha servido para declarar nulo este acuerdo viene a decir que ese convenido urbanístico se basó en un Plan General de Ordenación Urbana, el de 1992, anterior al que estaba en vigor (2008), y que la valoración de los terrenos que se pretendían entregar a la Diputación a precios de 2007, antes de la crisis económica, no es la misma que la que se puede hacer hoy.

Con este trámite, se abre el plazo para que la institución provincial presente sus alegaciones que, lógicamente, se centrarán en defender su patrimonio y, por lo tanto, que se cumpla íntegramente el acuerdo y que la ciudad pague, metálico o en solares, esos 25 millones de euros.

Y ante estas posturas enfrentadas, el Ayuntamiento confía en que el Consejo Consultivo, ahora sí, emita un informe vinculante sobre si el acuerdo de 2010 es ajustado a derecho o no. El Consistorio y la Diputación ya intentaron esta jugada a principios de año, pero este organismo se negó a mediar y valor el expediente expropiatorio y el convenio urbanístico.

Si el informe no satisface a las partes, será entonces cuando deban decir si acudir a los juzgados, momento en el que cualquier oportunidad de solución política quedará ya descartada y en el que las dos administraciones quedarán conminadas a lo que decida un juez.

valoraciones. Aunque el acuerdo se tomó por unanimidad los cuatro grupos políticos expresaron diferentes posiciones sobre el asunto. Ciudadanos, por ejemplo, lamentó que no se reuniese la comisión mixta para analizar su propuesta de un acuerdo para la cesión gratuita de la calle a cambio de la prestación de servicios. «Falta un compromiso serio entre el alcalde y la presidenta buscar una solución», afirmó el Juan Pablo Izquierdo, su portavoz.

Desde Ganemos, Juan Gascón dio por bueno el siguiente paso del Ayuntamiento y recalcó que, al fin y al cabo, la ciudad ya tiene lo que quiere, la calle Jardines conectada. «Alguien hizo las cuentas de la lechera, con una gran promoción inmobiliaria, pero el cántaro se cayó. La realidad de hoy es que Palencia pierde población y es de mucho sentido común que no se puede continuar con ese acuerdo», aseveró. Gascón instó a seguir buscando una solución política «porque hay que evitar acabar en los tribunales».

Desde el grupo municipal socialista, Miriam Andrés restringió las diferencias a «la búsqueda de una vía legal», y reconoció que, pese a que existe voluntad política por ambas partes, «tiene que estar supeditada a la legalidad y, por ahora, hay posicionamientos jurídicos contrapuestos».

«Nadie quería que se llegase hasta aquí, así que ahora el Consejo Consultivo se tendrá que posicionar y será vinculante. Confiemos en que entre al fondo del asunto y haga de juez para dirimir ese trato económico y establezca qué cantidad se debe desembolsar», añadió la portavoz socialista.

Miriam Andrés recordó que a dos meses de elecciones municipales, y si el acuerdo final no resulta favorable a los intereses del Ayuntamiento, la nueva Corporación explica el consenso político porque ninguna contraprestación por la calle Jardines puede axfisiar las arcas municipales.

La concejala de Urbanismo, María Álvarez, agradeció el apoyo del resto de grupos políticos y dejó claro que todos «buscan lo mejor para la ciudad y para los palentinos».

«Confiamos en que todo se desarrolle rápidamente y el Consultivo nos dé una vía de resolución a la que nos podamos atener», aseguró la edil.