El incierto futuro de Quesería Ibérica

J. Benito Iglesias
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El alcalde de Herrera de Pisuerga, Javier Fernández, señala que se ha reunido varias veces con los propietarios, que mantienen impagos con el Consistorio, empleados y proveedores desde hace tiempo

El incierto futuro de Quesería Ibérica - Foto: Bragimo/ICAL

El alcalde de Herrera de Pisuerga, Javier Fernández, señaló ayer en declaraciones a DP que la continuidad de Quesería Ibérica AT «pinta muy mal» por la fuerte deuda que arrastra, lo que pone en peligro su viabilidad y el mantenimiento de la actual plantilla de 30 trabajadores, una vez que ha solicitado en el juzgado un concurso voluntario de acreedores debido a su situación de insolvencia económica.
El primer edil explicó que lleva más de un año de reuniones con la empresa y, pese a las buenas palabras, no existe una información clara de su situación económica. «Al tomar el actual equipo de Gobierno posesión ya vimos que había una deuda alta con el Ayuntamiento. Tratamos de  solucionarlo pero nos dan largas, pagan tarde y mal a los empleados y, solo en combustible para la planta de cogeneración que tiene la fábrica, deben más de un millón de euros. Nos ha llegado la noticia de que Repsol no les sirve si no pagan por adelantado», precisó el regidor.
Javier Fernández lamentó que el fuerte pasivo acumulado por Quesería Ibérica AT, que incluye impagos a Hacienda, «no permite inyectar dinero público y las deudas se acumulan», a lo que, en su opinión, se añade que actualmente «no se trabaja bien ni se hace un producto de calidad que pudiera atraer compradores para las instalaciones y maquinaria de la fábrica». 
Quesería Ibérica -tras adquirir en 2014 la unidad productiva de la antigua empresa Granja la Luz en 2014 tras afrontar ésta otro concurso de acreedores- pidió a comienzos de 2018  apoyo la Junta para obtener liquidez y el Ejecutivo mantuvo que estaba dispuesto a salir a  su rescate  y aportar 1,5 millones de euros para ayudar en su expansión. La empresa solicitó en febrero de ese año ayuda económica a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo, dependiente de la Junta, alegando una deuda financiera de 11 millones y el riesgo de pérdida de los 70 empleos que generaba entonces.