Piden cárcel y multas por desorden en dos plenos de Villoldo

ALBERTO ABASCAL
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La Fiscalía acusa a F.L.G. y V.P.O. de los delitos de resistencia grave y falta de respeto a la autoridad, respectivamente · No pudo levantarse acta de la sesión del 17 de febrero de 2017

Piden cárcel y multas por desorden en dos plenos de Villoldo

El Juzgado de lo Penal ha dejado visto para sentencia el juicio seguido contra F.L.G. y V.P.O., para quienes la Fiscalía pide sendas multas como presuntos autores de un delito de resistencia grave y delito de falta de respeto a la autoridad, respectivamente, al protagonizar desórdenes durante la celebración de dos plenos municipales en el Ayuntamiento de Villoldo, concretamente en las sesiones del 25 de agosto de 2016 y del 17 de febrero de 2017.
Bajo este contexto, la acusación particular ejercida por el alcalde de la localidad, José Ignacio Antolín (PP), considera mucho más graves los hechos, pidiendo incluso para los acusados penas de prisión y sus correspondientes multas, al calificarlos como delitos de desconsideración, desórdenes graves, injurias, atentado a la autoridad y coacciones leves, aunque también introduce alternativas en todos los casos. La defensa, por su parte, niega los cargos y pide la libre absolución para ambos.
La Fiscalía, que inicialmente solicitaba para F.L.G. y V.P.O. 10 meses de prisión para cada uno como presuntos autores de un delito grave a la autoridad aunque finalmente decidió modificar su escrito de conclusiones por la calificación anteriormente citada, relata que durante la sesión plenaria del 25 de agosto de 2016 el acusado F.L.G. tomó la palabra de forma espontánea desde el público en al menos ocho ocasiones, «con el único objetivo de interrumpir al alcalde en sus intervenciones, increpándole con alusiones a circunstancias personales ajenas a la labor del Ayuntamiento». En la misma sesión, y en medio de una intervención del entonces concejal Eloy Gómez Porro, la acusada V.P.O. desde el público le increpó e insultó al igual que al alcalde.

El fiscal también resalta que en la sesión del 17 de febrero de 2017 el alcalde de la localidad decidió, en su condición de autoridad pública, expulsar de la sala de plenos al procesado F.L.G. después de que le increpara tras serle concedida la palabra. 
La negativa de este a abandonar el pleno provocó, a juicio del fiscal, un gran desorden. A partir de aquí, el Ministerio Público subraya que el alcalde, tras regresar a su sillón, fue insultado y descalificado por la otra acusada, V.P.O., desobedeciendo todas las llamadas al orden que se le hacían por parte del primer edil. Ante la situación de «desorden y perturbación», el Ministerio Fiscal mantiene que el presidente de la corporación no pudo acceder a las peticiones de palabra efectuadas por los concejales y demás asistentes al pleno, quedando la sesión interrumpida. Asimismo, el acusado F.L.G. también increpó a la teniente de alcalde, Mari Luz Borge, lo que hizo imposible que la sesión plenaria continuara. De hecho, no se pudo levantar acta de la misma.