El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, aseguró ayer que el control «permanente» y las recomendaciones emitidas al sector público por parte del Consejo «garantizan la defensa de los intereses de los ciudadanos», y avanzó que se está trabajando en un informe con la Cámara de Cuentas de Aragón,   que analiza las medidas adoptadas por las entidades locales en el ámbito de sus competencias para frenar el fenómeno de la despoblación. 

Amilivia, que se reunió con los presidentes de las Cámaras de Andalucía y Aragón, Antonio López y Alfonso Peña, detalló que en el encuentro se trataron aspectos dirigidos a los técnicos de las instituciones, en relación a los informes de seguimiento del cumplimiento de las recomedaciones formuladas por estos órganos de control antes las administraciones públicas, a partir de la metodología, el alcance y el contenido que se establecen.

El presidente del Consejo subrayó que «Castilla y León fue pionera cuando en 2013 se creó el Informe de Seguimiento de Recomendaciones, con el que se consigue que el control sea permanente al llevar a cabo un seguimiento de las recomedaciones que se realizan».

En este sentido, explicó que el último informe presentado en septiembre analizó el seguimiento de 186 recomedaciones, que luego se vuelven a realizar en otros informes, por lo que «la fiscalización no se agota». De esta forma, los ciudadanos tienen «la garantía de que sus intereses son defendidos por una institución que, en ocasiones, se dice que llega tarde, pero no es cierto, dado que el informe provoca que sea de carácter permanente».

Planes de Fiscalización. Amilivia subrayó que durante la reunión se compartieron ideas sobre los Planes Anuales de Fiscalización, que se van a aprobar, como es el caso de la Comunidad, la próxima semana en las Cortes. Aun así, puso de manifiesto que «el Consejo de Cuentas de Castilla y León es el único que no aprueba soberanamente su propio plan de fiscalizaciones, ya que lo hace el Parlamento Autonómico». Por ello, reclamó que «pueda ser aprobado por ellos mismos, sin perjuicio para que, más tarde, las Cortes incorporen los informes que consideren oportunos», añadió.

Por otro lado, el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León afirmó que este encuentro con sus homólgos sirvió para llevar a cabo acciones bilaterales, al centrarse en asuntos como la despoblación y también, en el ámbito de ambas comunidades autónomas, en el análisis de los correspondientes planes de convergencia interior y de las ayudas públicas que fueron destinadas a los planes de ayuda a la minería del carbón. 

En ese aspecto, el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, explicó que con esta comunicación se pretende «aportar conocimiento a este problema para poder compartir metodología, directrices técnicas y programas de trabajo para poder extender conclusiones, de una manera transversal, a una zona muy amplia como la que ocupa Aragón y Castilla y León».

Mientras, el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, compartió sinergias en el ámbito de la transparencia, donde dicho órgano ha elaborado una metodología propia. Aun así, aseguró que «vienen a aprender de las buenas prácticas que esta desarrollando el Consejo de Cuentas de Castilla y León, en relación con el tratamiento de las alegaciones, al ser una cuestión muy importante, todo ello con un planteamiento adecuado para el seguimiento».