Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma en España que mayores ayudas ofrece a cada mujer embarazada, con una media de 15,41 euros, muy por encima de los 7,6 euros al año que se presupuestó como ayuda media a nivel nacional, lo que supuso un 24 por ciento menos que el año anterior. Así lo revela el ‘Mapa de la Maternidad 2017’, un estudio elaborado por la Fundación Redmadre que analiza las ayudas públicas a la mujer embarazada en España. Tan solo por delante de Castilla y León en esta materia se encuentran Galicia, con 88,49 euros por mujer embarazada; Melilla (21,22 euros); y País Vasco (17,06 euros). Por el contrario, comunidades como Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Cataluña, Murcia, Ceuta o Canarias, no presupuestan cuantía alguna en este ámbito.
En total, Castilla y León presupuestó el año pasado 277.135 en ayudas para las mujeres embarazadas frente a los 350.000 euros del País Vasco, los 400.000 de Madrid o los 1,9 millones de Galicia. Ante esta situación, Redmadre propone a los partidos políticos que hayan suya la idea de leyes y políticas públicas que incorporen la perspectiva de esta entidad de apoyo a la mujer embarazada.
Sin embargo, en Castilla y León la procedencia de las ayudas no está igualada, y procede de los ayuntamientos y diputaciones provinciales, ya que la Comunidad no tiene presupuesto en esta materia, según este informe, que posiciona a Castilla y León como uno de los territorios con menor ratio de abortos, con 160,72 por cada mil nacimientos, en el quinto lugar por la cola, muy lejos del primer lugar de la lista, que encabeza Asturias, con 353,07 abortos por cada mil nacimientos.
Atendiendo a las ayudas aportadas por los ayuntamientos de las capitales de provincia, solo destinaron partida presupuestaria de ayuda a la mujer embarazada en Salamanca (93.900 euros), Burgos (71.610 euros) y Palencia (22.817 euros) mientras que el resto de ayuntamientos no contempla presupuesto anual para este ámbito. A nivel nacional, el Ayuntamiento de Guadalajara destaca como la capital de provincia más implicada con la mujer embarazada, ya que dedica 100.000 euros anuales, seguida de Salamanca y Ciudad Real (90.600 euros).
En el caso de la implicación de las diputaciones provinciales, la de Valladolid, con una aportación anual de 72.000 euros, es la que destina mayor cuantía presupuestaria anual a la atención a la mujer, seguida de la de Salamanca (10.000 euros), la de León (4.808 euros) y la de Burgos (2.000 euros). El resto tampoco contemplan presupuesto alguno, y a nivel nacional, Álava (350.000 euros) y Jaén (251.715,49 euros) son las más implicadas.
Por último, el estudio desvela que Castilla y León también se encuentra entre las comunidades que contemplan algún tipo de ayuda a cada niño que nace en su territorio, con algo más de 16 euros, aunque también lejos de Galicia, con más de mil euros anuales, o Cantabria, con más de 400 euros.
El presidente de la Fundación Redmadre, Antonio Torres, consideró que es “demoledor e incomprensible” que el conjunto de las administraciones públicas en España financien el aborto con 34 millones de euros y solo destinen 3,6 millones en apoyar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad”. Este escenario deja, a su juicio, desamparadas a las mujeres embarazadas, lo que supone “una irresponsabilidad” así como “una injusticia” contraria a los principios del Estado social de derecho.
Por su parte, la directora general de la Fundación Redmadre, Amaya Azcona, explicó la experiencia que tiene la entidad de que nueve de cada diez mujeres que piden ayuda a esta entidad “siguen adelante con su embarazo” porque “una mujer que recibe el apoyo que necesita, opta por tener a su hijo”, señaló. Por eso, estimó que si las administraciones financiasen políticas de apoyo a la mujer embarazada, se acabaría con el abandono “dramático” de estas mujeres y se ayudaría “a promover el aprecio a la maternidad”, concluyó.