Dar un impulso a la Formación Profesional en la Comunidad, aumentar la financiación de las universidades castellano y leonesas y mejorar las condiciones de trabajo de los docentes son algunos de los objetivos que la consejera de Educación, Rocío Lucas, se ha fijado para esta legislatura, en la que espera comenzar a negociar de forma «inmediata» la implantación, «de manera progresiva», de la jornada de 35 horas. Lucas, que compareció en las Cortes para explicar el programa de su departamento para esta legislatura, explicó que la negociación se producirá en el marco del proceso general en la función pública autonómica y llevará aparejada la consecuente reducción del horario lectivo del personal docente. Una medida que ayer por la mañana fue reclamada por cerca de medio millar de profesionales de la docencia no universitaria de Castilla y León frente a la sede de la Consejería de Educación en Valladolid para mostrar su «indignación, hartazgo y rechazo» contra el Gobierno regional por no haber activado aún las 35 horas semanales.

Sobre este asunto también se pronunció el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, tras el Consejo de Gobierno, donde afirmó que «hay que tener el dinero» para la recuperación de la jornada, aunque mantuvo el compromiso adquirido en la pasada legislatura pero le condicionó a la elaboración de un informe de impacto presupuestario. 

Durante su intervención, Rocío Lucas expuso la intención de la Consejería de revisar el Acuerdo de 29 de enero de 2016 para la mejora de la calidad de la enseñanza, el mantenimiento del empleo en el sector y la gradual dotación de los equipos docentes en los centros concertados. «Avanzaremos en la mejora de las condiciones laborales del profesorado, revisando los acuerdos existentes actualmente, en especial el Acuerdo de 19 de mayo de 2006, de mejora de las condiciones laborales y profesionales del personal docente de centros públicos de enseñanzas escolares de la Comunidad de Castilla y León», apuntó.

Entre otros aspectos, la consejera explicó que se actualizarán los requisitos y el baremo para la constitución de las listas de aspirantes al desempeño de puestos docentes en régimen de interinidad, así como mejorar las plantillas y las condiciones laborales del profesorado. «Creemos que hay que apoyar a los docentes, reconocer su trabajo, así como su esfuerzo y dedicación en formar a nuestras generaciones más jóvenes», dijo.

Diálogo «franco y abierto»

En este sentido, avanzó que se ofrecerá «un diálogo franco y abierto» a los representantes del profesorado, ya que una de las prioridades será alcanzar nuevos acuerdos, con objetivos tales como la igualdad de oportunidades, la innovación, el reconocimiento del profesorado y del personal de administración y servicios.

Lucas señaló también como prioritario la implementación de las previsiones contenidas en la Ley 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, incluyendo a los docentes de los centros concertados.

Además, Lucas se refirió a la consecución del Estatuto Básico Docente, instando al Ministerio de Educación a recoger en una norma legal básica las peculiaridades propias del ejercicio de la función docente y a realizar las adaptaciones oportunas del régimen funcionarial para este personal.

También sostuvo que se propondrá al Ministerio de Educación la modificación del acceso a la función pública docente a lo largo de la próxima legislatura, diseñando un modelo de ‘MIR Docente’ «que permita disponer de un nuevo sistema de acceso más acorde a la situación actual de la Educación». Según Lucas, se perfilará un modelo de docente para el sistema educativo de Castilla y León, trabajando junto a las universidades en el desarrollo de las titulaciones de grado y máster orientadas a la docencia.