La Junta de Castilla y León rechaza la propuesta de Vox de obligar a los colegios a pedir un consentimiento expreso a los padres de los alumnos para determinadas actividades con el objetivo de que reciban formación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones, como ha hecho el Ejecutivo de PP y Ciudadanos en la Región de Murcia.

En la sesión de control al Ejecutivo, en el pleno de las Cortes, la consejera de Educación, Rocío Lucas, negó que el Gobierno de Castilla y León tenga la intención de aprobar este consentimiento, como demandó el procurador autonómico de Vox, Jesús García-Conde. Explicó que las matrículas en los centros públicos establecen la posibilidad de elegir entre las asignaturas entre religión católica, evangélica, islámica o valores cívicos.

Además, advirtió de que los centros educativos piden autorización a los padres para algunas actividades de sus hijos. García-Conde apeló a varios artículos de la Constitución española para evitar que se promuevan posicionamientos ideológicos, a través de leyes nacionales o regionales, que cuestionan las creencias religiosas y los planteamientos antropológicos.

Así el parlamentario de Vox se refirió al protocolo sobre la atención de la transexualidad y recordó el recurso presentado por Abogados Cristianos, que consideran que vulneran dedterminados derechos de libertad ideológica y la patria potestad de los padres. También criticó que la orientación sexual corresponda a determinados activistas.

Por último criticó que se promueva una Ley para el colectivo LGTBI, que a su juicio no ofrecerá más derechos, puesto que defendió que ya están recogidos ya en la Constitución, sino “privilegios” para algunos e imposiciones “liberticidas”.