Casi 7 años de cárcel para seis acusados por fraude al fisco

ALBERTO ABASCAL
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El delito se llevó a través del IVA en la compraventa de coches de alta gama ·El juez ha tenido en cuenta la prescripción de algunos ejercicios, las dilaciones indebidas y en algún caso el alcoholismo

Imagen de coches de gama alta interceptados por la Guardia Civil en una operación de fraude a Hacienda con el IVA.

El Juzgado de lo Penal ha condenado a penas que suman seis años y 10 meses de prisión a seis de los nueve acusados, entre representantes empresariales y autónomos, como autores responsables de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por un fraude en la declaración del IVA, que inicialmente alcanzaba la cantidad de 1,86 millones de euros, en operaciones relacionadas en la compraventa de automóviles de alta gama.

Concretamente, el titular del Juzgado de lo Penal ha condenado a J.F.O.P., administrador de Polain Tecnology SL, a la pena de 15 meses de prisión y multa como responsable de un delito contra la Hacienda Pública en el ejercicio de 2009 en concurso con otro de falsedad documental. La misma pena ha recaído en R.M.A., de Marvi; R.B.B., de Las Rozas Corporate; J.C.A.P., de Bertoalba SL; S.R.G., en este caso 12 meses de prisión por el fraude cometido por  Polain Tecnology SL; y O.D.A., condenado a 10 meses y 15 días de prisión y multa por la defraudación cometida por Marvi.

El juez ha tenido en cuenta los atenuantes de dilaciones indebidas en el proceso, prescripción de los delitos correspondientes al ejercicio de 2008 y consumo de alcohol en algún caso.

Asimismo, la sentencia a la que ha tenido acceso Diario Palentino establece como una responsabilidad civil de 149.097,85 euros para Polain Tecnology SL y otros 143.462,55 euros para Marvi SL. Por lo demás, la sentencia puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial.

Hay que recordar que en esta macrocausa, en la que han participado los abogados palentinos José María Rebollo, Ignacio Somoza y María Teresa Ramos, el Ministerio Público solicitaba inicialmente una pena global de 27 años de prisión para los 9 procesados y una indemnización total que sumana 1.864.422 euros. 

Pese a que inicialmente la titular del juzgado de instrucción número 4 de Palencia que tramitó las diligencias decidió procesar a diez personas, finalmente, la Fiscalía, además de solicitar la apertura de juicio oral, acusó formalmente a nueve, ocho hombres y una mujer.

La Fiscalía relataba que los acusados -finalmente fueron condenados seis- habían organizado una trama para defraudar a la Hacienda Pública, eludiendo el ingreso de las cuotas del IVA repercutido a los compradores finales de vehículos procedentes de la Unión Europea que, a su vez, habían sido introducidos en España mediante el sistema de adquisición intracomunitaria de bienes.

Según la Fiscalía, las empresas distribuidoras finales y beneficiarias del fraude presuntamente eran Polain Tecnology SL e Intermediación Marvi SL. Pese a que la Fiscalía pormenorizaba sobre un posible fraude de varios ejercicios, hasta 2009 quedaron prescritos, según la autoridad judicial.

COMERCIALIZACIÓN. Polain Tecnologyc SL era una entidad mercantil constituida en marzo de 2004 con el propósito empresarial de la venta de automóviles nuevos y usados, con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid), cuyo administrador único era el procesado J.F.O.P. hasta el 13 de abril de 2009 cuando la totalidad de los valores fueron transferidos a J.C.A.P., también procesado en esta causa.

La entidad se dedicaba a la comercialización de vehículos de alta gama procedentes de otros países de la Unión Europea, vendiéndoles con posterioridad en España, bien a entidades dedicadas a la venta de vehículos o bien a particulares.

Asimismo, Intermediación Marvi SL, constituida en noviembre de 2006, tenía como administrador único al procesado R.M.A. y cuyo objeto social era la importación y exportación de productos de telefonía e informática, pero ninguna relación con la actividad de compra-venta de vehículos. La Fiscalía relata que el procedimiento utilizado para la defraudación consistía en la utilización de una serie de empresas interpuestas denominadas en el argot financiero como truchas, que pasan por ser sociedades no localizables, sin infraestructura comercial, sin trabajadores y que no presentan declaraciones tributarias, para obtener facturas ficticias. En algunas ocasiones, las truchas son también personas físicas, como ocurría con alguno de los acusados.