El bulo sobre okupas y padrón

SPC
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La orden que permite el empadronamiento en casas vacías no es nueva, ya que data de 1997, ni avala la ocupación de una vivienda porque el censo no legitima la titularidad de una propiedad

El bulo sobre okupas y padrón

«El Gobierno permitirá empadronarse en casas vacías e infraviviendas -chabolas, cuevas o caravanas e, incluso, en ausencia total de techo- y lo considerará como domicilio válido». Así aparecía esta nueva normativa en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado el 2 de mayo y que a lo largo de la semana pasada suscitó numerosas críticas y recelos ante el temor de que las segundas residencias pudieran ser ocupadas aprovechando ahora la ausencia de sus propietarios, que no pueden acudir a ellas por el estado de alarma.
Las alertas saltaron de inmediato al correr como la pólvora por las redes sociales esta resolución y su consiguiente análisis. «Es otro nuevo disparate de la ingeniera socialcomunista», llegó a escribir en Twitter el senador del Partido Popular Rafael Hernando, un sentir que fue compartido por una buena parte de la ciudadanía, que vio en esta novedad una nueva vuelta de tuerca ante una situación más que delicada del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, la resolución no solo no es nueva, sino que data de hace ya varios años, cuando, precisamente, gobernaba el PP de Hernando.
La controversia saltó con la publicación de la orden en la que se dice que cuando alguien se traslade a una vivienda la que haya otras personas empadronadas y ya no vivan allí «se aceptará el empadronamiento de los nuevos residentes en la vivienda conforme al proceso ordinario». Un dictamen que podría abrir la puerta a legalizar una okupación, ya que se establece que «el padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino», de manera «completamente independiente de las circunstancias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda». Otro punto es la referencia a infraviviendas, como cuevas, caravanas o chabolas, que la orden apunta que se deben aceptar como domicilios, y también se señala que las personas que carecen de techo deben tener registrado un domicilio que proporcionarán los servicios sociales. 
«Es un doble atraco: primero ocupan las casas de los españoles, después viven de sus impuestos. A Iglesias le parece bien la colectivización de la propiedad privada, salvo sus 2.000 metros cuadrados, claro», aseguró el líder de Vox, Santiago Abascal, al respecto.
Pero lo cierto es que estas palabras ya están recogidas en una resolución de julio de 1997 -cuando gobernaba José María Aznar- con una redacción idéntica -incluía literalmente los mismos párrafos en el punto dedicado a regular «el empadronamiento de marginados» y se volvió a recoger años después, en 2015 -con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo- para hablar esta vez de «empadronamiento de personas sin domicilio».


Derecho y deber

Además, según la ley de 1986, los okupas deben estar empadronados, igual que el resto: «Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente», recoge un Real Decreto de ese año. Esto, desde luego, no legitima la entrada ilegal en una vivienda. El padrón es el instrumento administrativo que sirve para establecer qué ciudadanos viven en un municipio, donde les hace sujetos de derechos y deberes, y alimenta el censo electoral para garantizar el derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos -como las elecciones- recogido en el artículo 23 de la Constitución. 
Además, estar empadronado en un domicilio no justifica la ocupación de un inmueble. «Yo ocupo una casa y me empadrono en ella, pero no puedo utilizar ese empadronamiento para legitimar mi ocupación, para eso tengo que acreditar un título jurídico», apuntan los expertos.
Tras estas aclaraciones... ¿entonces por qué hubo una nueva publicación en el BOE? Realmente, para tratar un punto que ha pasado por alto en todas estas críticas: adaptar una sentencia de diciembre de la Audiencia Nacional para equiparar a los menores extranjeros con los españoles en lo relativo a los requisitos para su identificación. Podrán hacerlo con el «Resguardo de presentación de solicitud de protección internacional» y con la «Ficha de inscripción MENA».
De hecho, lejos de cualquier controversia política, ni siquiera se trata de un documento preparado durante el estado de alarma, ya que la resolución tiene como fecha el 17 de febrero de 2020. Unos datos a tener en cuenta antes de caer en los cientos de bulos que corren ahora.