«La Consejería de la Presidencia ha hecho una apuesta fundamental por la transparencia». Así puso de manifiesto ayer el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, la relevancia de la novedad introducida por la Junta en la orden de convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local que contempla, para el ejercicio 2021, la rendición de cuentas ante el órgano de control externo como requisito fundamental a cumplir por los ayuntamientos para recibir las subvenciones.

Castilla y León era una de las siete CCAA que no contaban con esta medida, «una reivindicación histórica» del órgano de autogobierno, explicó Amilivia, quien indicó que este año ya se ha registrado un incremento de tres puntos porcentuales en la rendición de cuentas por parte de las entidades locales. A fecha actual, ya ha sido rendida por el 86% de los 2.248 municipios de la Comunidad.

Amilivia vio esta medida de estímulo como una forma de ver satisfecho el derecho de los ciudadanos a tener «a su servicio un instrumento democrático de primera magnitud».

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, reconoció la importancia de las indicaciones dadas desde las instituciones de autogobierno y, en concreto, del Consejo de Cuentas, porque este último «se encarga de hacer una evaluación de cómo han gestionado los recursos públicos las administraciones en las que todos los ciudadanos de la Comunidad tenemos depositada nuestra confianza». 

Ambos mantuvieron una reunión con la presidenta de la Diputación y de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, donde consolidaron esta medida y se valoró su inclusión en otras líneas de subvenciones de la Junta. 

El consejero aseguró que exigir esa responsabilidad a los ayuntamientos «debe ir acompañado de medidas para protegerlos». Por ello, destacó la nueva regulación de la bolsa de trabajo de personal interino para el desempeño de las funciones vinculadas a la rendición de cuentas, dando así «más flexibilidad y rapidez cuando los municipios necesiten un funcionario de estas características», añadió. 

Ibáñez detalló los objetivos que busca la Junta con este mecanismo. «Atender las necesidades de nuestros municipios, mejorar las condiciones del mundo local y ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad es una cuestión de justicia. El Gobierno de Mañueco es un referente del municipalismo y apoyo a las entidades locales, porque las hemos escuchado y porque en una Comunidad que tiene más de la cuarta parte de los municipios de España, sabemos de lo que hablamos», incidió Ibáñez, quien avanzó que el mecanismo podría estar plenamente operativo a lo largo del próximo otoño.

Interinos. El consejero también se refirió al proceso de estabilización de interinos que prepara el Gobierno tras la comisión sectorial en el ámbito de la Función Pública que presidió el ministro de Administración Territorial, Miquel Iceta. 

Ibáñez destacó unas tasas «inasumibles» de temporalidad en la Comunidad y solicitó la eliminación de la tasa de reposición porque es «una figura que nos constriñe a la hora de poder hacer un proceso de estabilización ordenado y no traumático» de las más de 20.000 personas que hay en la Comunidad bajo este régimen y que «se van a ver en una situación compleja tras estos procesos», explicó.

«Hemos pedido al ministro que, en todo lo que tenga que ver con estos procesos, tenga en cuenta la importancia del talento y el conocimiento de todas estas personas que están trabajando día a día en los servicios públicos de Castilla y León y que lo están haciendo de una manera ejemplar», comentó el consejero. «Desde la Junta, nos sentimos muy orgullosos de estas personas, que llevan 10, 15 o 20 años trabajando y que creemos que su conocimiento y talento han de ser tenidos en cuenta a la hora de legislar como tiene previsto hacer el Consejo de Ministros», concluyó.