El Ayuntamiento y  la Diputación, a través de sus máximos responsables, Ángeles Armisén yMario Simón, respectivamente, confirmaron ayer que retoman el procedimiento para tratar de dar una solución viable al conflicto de la calle Jardines y «ponerle fin con todas las garantías jurídicas», a través de la sentencia que emita el Juzgado de la Contencioso Administrativo.

De esta forma se intenta resolver un compleja situación heredada que surgió en 2010, en las postrimerías de los mandatos del regidor socialista Heliodoro Gallego y del popular Enrique Martín como presidente provincial, cuando ambos dirigentes alcanzaron un acuerdo que permitió conectar la calle Jardines y que pasaba por la cesión de 38.287 metros al Consistorio a condición de que este le devolviera a la institución provincial en el plazo de dos años 18.113 de esos metros convertidos en suelo urbanizable y con una edificabilidad mejorada.

Esa recalificación urbanística debía deparar a la Diputación 19 millones de euros a través de la explotación urbanística de ese suelo, pero el pacto nunca se ejecutó y ambas instituciones lo fueron aplazando con cuatro prórrogas -2012, 2014, 2016 y 2018- que han generado más de 5 millones de euros en intereses.

En este  sentido, Armisén y Simón explicaron en rueda de prensa que son conscientes de «tener que dar una solución siempre apoyada en los criterios jurídicos, técnicos y normativos en los que han trabajado Diputación y Ayuntamiento a lo largo de todo el proceso».

En este sentido, en septiembre de 2019 la Diputación solicitó la ejecución del convenio para evitar la prescripción de los plazos legales, mientras el Consejo Consultivo emitió un dictamen en torno a este asunto. Un  mes después ambas partes solicitaron la suspensión del proceso para intentar llegar a un acuerdo, petición que se concedió en febrero de este año. En marzo, con la declaración del estado de alarma, se suspendieron los plazos y vistas judiciales, así como los tramitación administrativa. Los servicios técnicos y jurídicos de ambas instituciones consideran que «la mejor forma de resolver el conflicto de la calle Jardines es la reanudación y conclusión del procedimiento judicial».

Críticas del PSOE.

Al respecto, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento calificó ayer en un comunicado de «absoluto fracaso» la gestión realizada por parte del Consistorio y la Diputación. «Resulta inaudito que ambas administraciones pongan fin a la suspensión del procedimiento judicial al no ser capaces de encontrar una solución consensuada, pese a encontrarse el PP en sus respectivos equipos de gobierno y darse la circunstancia de que forman parte de ellos tanto la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, como el primer teniente de alcalde, Alfonso Polanco».

Desde el PSOE se explicó     que «no se entiende» que Ángeles Armisén y Mario Simón, hayan comparecido tratando de «vender una situación a todas luces insostenible», al no haber sabido encontrar un acuerdo que pudiera beneficiar a ambas partes y dejarlo ahora en manos de la Justicia. «Ambos dirigentes se escudan en supuestos impedimentos técnicos y jurídicos que únicamente tratan de ocultar su evidente incapacidad para la negociación», señalaron desde el Grupo Socialista.