El pasado 21 de septiembre el lobo quedaba incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y ahora el Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) anuncia una partida de 20 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado dedicados a «las estrategias de convivencia con grandes carnívoros como el lobo y el oso». Son seis millones más que los destinados a la gestión del lobo en el ejercicio anterior, aunque esto sigue sin convencer ni al sector ganadero, ni a las comunidades más afectadas, ni a los cazadores.
De esa cantidad, 10,5 millones irán destinados a financiar íntegramente las actuaciones que los ganaderos lleven a cabo para prevenir los ataques a su cabaña, como la instalación de cercados o la compra de mastines. Los otros 9,5 servirán para indemnizar los daños que se produzcan a pesar de estas medidas; el 50% de esos pagos los sufragará el MITECO y la otra mitad la consejería en cuestión. Eso sí, el dueño de los animales muertos tendrá que acreditar que ha puesto todo de su parte para prevenir el incidente. Y además siguen sin contemplarse compensaciones por animales desaparecidos, abortos o merma en la producción láctea, una demanda histórica del sector.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha explicado que esta estrategia tiene como finalidad, entre otras cosas, homogeneizar la tasación de daños para las indemnizaciones en las diferentes comunidades autónomas e igualar también los plazos a la hora de abonarlas. Según Morán, la intención del Gobierno es llevar un borrador en diciembre a una conferencia sectorial con los sectores afectados para poder aprobarlo cuanto antes y que pueda entrar en vigor con el comienzo del próximo año, de tal manera que los 20 millones presupuestados puedan empezar a utilizarse lo más pronto posible.
Lluvia de recursos. En cualquier caso, esto no ha dejado contento a los afectados. Tanto el sector cinegético, como las autonomías y los ganaderos han presentado recursos contra la decisión del Ministerio que dirige Teresa Ribera. En el caso de la Fundación Artemisan, éste ya ha sido admitido a trámite por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Según se puede leer en el recurso de Artemisan, la decisión de Ribera de incluir al lobo en el listado obedece a «motivos puramente ideológicos y carentes de justificación científica y, sobre todo, sin haber tenido en cuenta las graves consecuencias que provocará en el sector ganadero y en la economía de la España Rural». Por ello, desde la entidad se han aportado diferentes informes periciales que acreditan el aumento de las poblaciones de este depredador en los últimos cincuenta años. Así como una recopilación de información sobre ataques de lobos a ganado, perros u otras mascotas, incluso dentro de núcleos urbanos, incidentes estos últimos cada vez más frecuentes. Cabe señalar que, junto al recurso, Fundación Artemisan solicitó asimismo la suspensión de la ejecutividad de la Orden impugnada. De ser estimada llevaría consigo la suspensión de la aplicación de la Orden hasta que la Sala dicte sentencia.
Las comunidades autónomas también han recurrido la decisión del MITECO. A pesar de que el anuncio de esta medida contra la decisión del Ministerio se realizó de forma conjunta por parte de las cuatro afectadas (Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria), los recursos van por separado por exigencias de procedimiento, aunque en la misma línea. Castilla y León anunciaba a primeros de mes que la Audiencia Nacional había admitido el suyo a trámite. Esta región, igual que Artemisan, reclama la suspensión cautelar de la aplicación de la medida del MITECO hasta que se resuelva el litigio. Fuentes de la Junta de Castilla y León han detallado que, solo en este comunidad, en 2020 se alcanzaron las 3.157 cabezas de ganado muertas por los ataques, lo que arroja una media de más de ocho por día y recuerdan que la decisión del Estado se tomó sin ningún diálogo con las cuatro regiones más afectadas, que, con gobiernos de diferentes signos políticos, se han manifestado sin excepción en contra de la medida de sobreprotección. De hecho, también a principios de mes se conocía que la Audiencia Nacional había admitido los recursos presentados por las otras tres.
Los ganaderos también han presentado el suyo, en este caso a través de las tres OPA más representativas (ASAJA, UPA y COAG) y de manera, esta vez sí, conjunta. En este caso se presentó hace apenas unos días, por lo que la Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado al respecto. Las organizaciones agrarias tratan así de evitar que se agrave aún más la situación de los ganaderos ya que, como el propio MITECO reconoce en su última Memoria, «desde el punto de vista de protección de la ganadería extensiva los daños no solo no disminuyen, sino que han crecido de modo importante en algunas áreas». ASAJA, COAG y UPA han solicitado también la suspensión cautelar de la «desproporcionada e innecesaria orden del Ministerio de Teresa Ribera».
La sangría no se detiene.
Mientras el Ministerio continúa sin dar marcha atrás y los afectados luchan por lo que creen justo, el lobo sigue teniendo que comer. En la madrugada del domingo al lunes, en la localidad zamorana de Gamones de Sayago (sur del Duero) 35 ovejas morían a causa de un ataque, a pesar de que el ganado se encontraba dentro un cercado. Hace apenas una semana, en Revellinos de Campos (también Zamora) el lobo mataba otras 30 ovejas. Por la misma fecha, en Mata de Hoz (Cantabria) un ganadero perdía cuatro novillas, que se suman a los otros 15 animales que el depredador le ha matado en lo que va de año. No es complicado rastrear someramente en internet para comprobar que estos episodios son el pan de cada día en muchas comarcas del norte de España.