Es la gran esperanza para recuperar la añorada y recordada vieja normalidad, esa que el coronavirus le robó a todo el planeta allá por marzo. Se trata, claro, de una vacuna eficaz que permita volver a las rutinas diarias con protección. Más allá de la fecha en la que estará lista la profilaxis, surge una duda que expertos internacionales han tratado de responder en un artículo publicado en la revista especializada Science: ¿Quién debe recibir primero la vacuna contra la COVID-19?
«La idea de distribuir las dosis sobre la base de las poblaciones parece una estrategia equitativa», señala Ezekiel Emanuel, subdirector de Iniciativas Globales y director de Ética Médica y Políticas de Salud en la facultad de Medicina de la Universidad de Pennsylvania, que ha dirigido el artículo. Sin embargo, agrega algo más a ese planteamiento: «Normalmente repartimos las cosas sobre la base de cuán grave es el sufrimiento en un sitio dado y, en este caso, argumentamos que la medida primordial de sufrimiento debería ser el número de muertes prematuras que la vacuna evitaría».
Si bien no se ha avanzado mucho en el diseño de un marco único y global para la distribución de la profilaxis cuando la haya, ya se han planteado dos problemas. Por un lado, algunos expertos sostienen que el personal que trabaja en la salud y las poblaciones con riesgos más altos, como los mayores de 65 años, deberían recibir primero la inmunización. Y por otro, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los países deben recibir dosis proporcionadas a su población.
Tres valores
Desde una perspectiva de ética médica, ambas estrategias tienen «fallos graves», sostiene Emanuel. De ahí que 19 expertos en salud global proponen un plan de distribución de vacunas en tres fases, denominado Modelo de Prioridad Equitativo (MPE), que busca reducir las muertes y otras consecuencias irreversibles en la salud de los infectados, sin olvidar las consecuencias indirectas como las presiones sobre los sistemas de salud y la destrucción económica.
Según el equipo de Emanuel, «de estas consecuencias, la prevención de los fallecimientos, especialmente los prematuros, es particularmente urgente» en cada país, y es lo que enfoca la primera fase de su modelo. Para el segundo período, los autores proponen que se tome en cuenta la mejoría económica en general y la medida en la cual se puede evitar que la población de un país caiga en la pobreza. Mientras que en la tercera fase, se daría prioridad a las naciones con las tasas más altas de contagio, aunque alerta de que todos los territorios «deberían, eventualmente, recibir vacunas suficientes para evitar los contagios» para lo cual se calcula que del 60 por ciento al 70 por ciento de la población debería ser inmune.
El plan de la OMS, en cambio, comienza con la administración de las dosis disponibles al tres por ciento de la población de todos los países del mundo, y continúa con una distribución proporcional a la población de cada nación hasta que en todos los territorios esté vacunado el 20 por ciento de los habitantes.
Emanuel y sus colegas argumentan mientras que, si bien este proyecto puede sostenerse políticamente, «presupone, erróneamente, que la igualdad requiere el trato idéntico a países situados de manera diferente, más que responder equitativamente a sus necesidades, que son muy distintas».
Los autores también objetan la idea que da prioridad a los territorios según el número de su personal de salud en primera línea del combate a la COVID-19, la proporción de población mayor de 65 años y el número de personas con enfermedades simultáneas en cada país. «Terminaríamos dando un montón de vacunas a los países ricos, lo cual no parece ser la meta de una distribución equitativa», señala el experto.