El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, y la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla y León, Elena Calderón, defendieron hoy tras la presentación del curso escolar una “presencialidad segura para todos y para todo el curso”. “Queremos que esto se afronte desde una situación de excepcionalidad, con responsabilidad y medidas estructurales potentes y bien planificadas, necesarias para poder tener ciertas garantías de que el curso se pueda desarrollar y terminar”, señaló Andrés en declaraciones recogidas por Ical.
Ese deseo, manifestó “va en dirección contraria” a los pasos que están observando por parte del Gobierno regional, que apuesta, según explicó, por “esperar e ir viendo cómo suceden las cosas”. “Nos parece que la Junta está lanzando un mensaje poco seguro y confiado en sus propias capacidades y estrategia. Dejan demasiadas incertidumbres y puertas abiertas a la posibilidad de, ante la aparición de dificultades, poder retornar a situaciones como la de marzo”, detalló.
A su juicio, “la enseñanza a distancia resiente la equidad”, ya que “no todo el mundo tiene los mismos medios”. Para Andrés, el nuevo curso escolar “es un desafío clave para el país, para la seguridad de los niños y sus familias, y hay que cumplir estrictamente las recomendaciones”. Para CCOO, señaló, la clave de todo son “los ratios de alumnos por aula”. Desde el sindicato, en principio apostar por la cifra de 15, si bien posteriormente se alcanzó un acuerdo nacional entre el Estado y las autonomías para fijarlo en 20, que para CCOO permitiría “mantener la distancia, establecer seguridad y ventilación con 20 niños en las aulas”.
“En Castilla y León, en principio, se establecen ratios de 25, 30 y 35 dependiendo de los ciclos. Eso sería inadmisible, algo fuera de contexto. Si la Junta da el paso que ha dado la Comunidad Valenciana, por ejemplo, y establece ese criterio será una forma más garantista de poder afrontar la vuelta al cole”, afirmó.
El secretario autonómico de la organización señaló que alcanzar ese ratio conllevaría la contratación de profesores y habilitar aulas en los propios colegios o en otras instituciones. “Hay que ampliar espacios y buscar otros nuevos para esa reformulación de los ratios. No se puede garantizar la presencialidad segura a coste cero. Esto requiere un plan para habilitar las aulas, contratar profesores y aumentar los servicios asociados, como limpieza y comedores”, defendió.
En su intervención, Andrés recalcó la involución que ha sufrido el gasto público educativo en Castilla y León, desde 2009 a 2016. “Ahora estamos en un 2,86 por ciento del PIB, y en 2009 era el 3,23. Eso va en detrimento de la calidad de la enseñanza. Deberíamos situarle en torno al 4 por ciento, la media establecida en otros países”, defendió.
Rechazo al acuerdo
Por su parte, Elena Calderón aseguró que el objetivo debe ser “conseguir que todos los centros permanezcan abiertos todo el curso, garantizando una presencialidad segura, algo solo viable con una inversión”. “Las medidas de prevención son útiles y necesarias, pero en Castilla y León no tenemos ni medidas educativas ni organizativas en estos momentos. La enseñanza online, mantenida el tercer trimestre, ha aumentado la brecha social, económica y geográfica. Hay que apostar por la seguridad en las aulas y mantener la enseñanza presencial. No ponemos objeciones a las medidas sanitarias, pero no toleramos no tener claras las medidas educativas y organizativas”, señaló.
Respecto al acuerdo firmado “in extremis” el pasado sábado entre la Consejería de Educación y los sindicatos CSIF, STECyL, ANPE y UGT para mejorar las condiciones laborales de los docentes este curso escolar, Calderón aseguró que ese acuerdo “no es realista ni representa a los trabajadores de la enseñanza”. “La Consejería ha querido un lavado de imagen ante la presentación del curso hoy a los medios, pero las medidas acordadas no precisaban ningún acuerdo, porque en su mayor parte ya están obligados a cumplirlas, y el resto llega tarde, ya que no afecta prácticamente a ningún docente”.
“CCOO aboga por una enseñanza presencial segura, que requiere inversión y planificación de medidas educativas y organizativas, ante los escenarios que se puedan producir, como la semipresencialidad o la enseñanza online puntual en algunos centros. El documento firmado no garantiza nada, no hace más segura la educación. Nos deberían decir: ‘Tenemos 1.500 profesores, hemos buscado espacios en lugares donde no los hay’, y lo que dicen desde las direcciones provinciales a los centros el día antes de empezar las clases es que eliminen optativas para evitar ocupar espacios”, argumentó.
Para ella, “medidas como la búsqueda de espacios hay que planificarlas con tiempo”. “Muchos centros van a tener 30 alumnos por aula sin cumplir la distancia, y los que tienen 25 alumnos en muchos casos tampoco podrán hacerlo. El acuerdo del otro día no cambia eso y entendíamos que la única forma de estar con familias y docentes era no firmarlo, porque hacerlo suponía dar aire a una administración que no ha cumplido con sus propias medidas”, remachó.