La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León autorizó la plantación de 123,36 nuevas hectáreas de viñedo a partir de 2022, solicitadas por 83 viticultores este año. Castilla y León recibió así el 13 por ciento de la superficie concedida para nuevas plantaciones a nivel nacional, siendo la segunda Comunidad en superficie autorizada por detrás de Castilla-La Mancha.

La superficie solicitada de nuevas plantaciones por los viticultores de Castilla y León en 2021 fue de 663 hectáreas, un 66,2 por ciento inferior al año anterior. En la distribución de las nuevas plantaciones se tuvieron en cuenta las limitaciones aplicadas tanto por la DO Ribera del Duero (cien hectáreas) como por la DO Rueda (una hectárea), informó a través de un comunicado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Del total de las solicitudes concedidas, el 33,7 por ciento correspondió a jóvenes viticultores de Castilla y León con mediana y pequeña explotación, el 55,4 por ciento de las nuevas plantaciones son para viticultores con pequeñas explotaciones de entre 0,5 y 16,4 hectáreas, y el 10,8 por ciento restante se asignó a viticultores con mediana explotación, de entre 16,4 y 50 hectáreas.

La adjudicación de estas 123,36 hectáreas a 83 viticultores es un dato positivo para el sector vitivinícola de la Comunidad, teniendo en cuenta que el peso del potencial vitícola de Castilla y León es del 8,5 por ciento de la superficie plantada de viñedo (80.506 hectáreas) respecto a la superficie de todo el país (944.478 hectáreas).

Asignación nacional

La asignación procede del reparto de las 945 hectáreas distribuidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una vez analizadas y valoradas las solicitudes admisibles remitidas por las comunidades autónomas. Anualmente, el Ministerio establece un límite de superficie para la concesión de nuevas plantaciones equivalente al 0,1 por ciento de la superficie plantada de viñedo, lo que ha supuesto para este año alcanzar la cifra de las 945 hectáreas.

Esta limitación se realiza en base al análisis de las perspectivas de mercado, la previsión del impacto de las nuevas superficies que van a entrar en producción, los derechos de plantación y autorizaciones concedidas todavía sin ejercer, y las recomendaciones de las organizaciones profesionales más representativas del sector.