Nacieron con polémica -ya que solo la mayoría absoluta del PP permitió el visto bueno del Congreso- y morirán con la misma controversia. Derogar la reforma laboral y la Ley Mordaza, ambas normativas aprobadas durante los gobiernos de Mariano Rajoy, se fijó como uno de los grandes objetivos del Ejecutivo de coalición. Así lo aseguraron desde PSOE y Unidas Podemos al llegar al poder. Dos años después, cuando la legislatura atraviesa su ecuador, las modificaciones en el marco normativo del mercado laboral siguen en plena negociación, con un tira y afloja que mantiene enfrentados a Nadia Calviño, Yolanda Díaz, los sindicatos y la patronal. En teoría, el acuerdo deberá llegar antes de final de año, pero no será sencillo por la lejanía de las posiciones que defienden los actores implicados en el diálogo.
Donde hay consenso político es en lo relativo a la llamada Ley Mordaza, que curiosamente fue el principal instrumento normativo que se utilizó en el estado de alarma y el mecanismo también que impidió que las caceroladas de protesta llegasen a las puertas de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar (Madrid). Socialistas y morados ya han encontrado un punto de encuentro, y ahora esperan sumar a otras formaciones. Este pacto para tumbar muchos puntos de la norma actual e imponer una nueva Ley de Seguridad Ciudadana solo implica a los políticos, al contrario que ocurre con la reforma laboral, donde sindicatos y patronal tiene voz y de alguna manera voto, ya que el Gobierno siempre abre una mesa de diálogo social cuando hay que tocar el marco legislativo. Hasta Bruselas pide consenso en ese ámbito.
En cambio para la derogación de la Ley Mordaza y su sustitución por otro proyecto ni siquiera, denuncian los implicados, se ha preguntado a quienes manejan a normativa cada día para poder realizar su trabajo de la mejor manera. Por eso, el próximo 27 de noviembre, miles de agentes de las Fuerzas de Seguridad nacionales, autonómicas y locales se echarán a las calles de Madrid para protestar contra las modificaciones pactadas entre Podemos y PSOE. Es el último recurso de los que se sienten «menospreciados» por el Ejecutivo, ya que dan por descontado que la Ley verá la luz próximamente, gracias al visto bueno del Congreso. Aunque los partidos de la coalición no tiene mayoría absoluta, en el proyecto se han incorporado guiños a distintas formaciones, como la eliminación de las pelotas de goma del material antidisturbios o el levantamiento de la prohibición de grabar a los agentes, entre otras, para conseguir su sí en la Cámara.
Respaldo popular
Este cambio legislativo deja «indefensos» a los agentes, según enfatizan de forma unánime los sindicatos o asociaciones de este ámbito que, por primera vez desde su creación, mantienen una postura unitaria: no les gusta la nueva Ley. Habrá que ver cómo afecta a la imagen del Gabinete esa protesta de un colectivo que despierta tantas simpatías en la ciudadanía como las Fuerzas de Seguridad. No hay que olvidar que el Ejército y los Cuerpos del Estado fueron las instituciones públicas más valoradas por los españoles por su trabajo durante la pandemia, según distintas encuestas publicadas cuando el país comenzaba a ver la luz al final del túnel de la crisis sanitaria. No es una circunstancia novedosa. Antes de que la COVID-19 paralizase el mundo, rompiendo la Historia en la vieja y la nueva normalidad, los uniformados -de militares a policías pasando por la Guardia Civil- solían encabezar también las encuestas de simpatía y reconocimiento de los ciudadanos. Parece, por tanto, que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha sopesado -o sí pero le compensa para agradar a sus votantes y a sus socios en el poder- el impacto que puede generar en los españoles ver a los uniformados protestando de forma masiva en la calle por primera vez en la democracia.
«Despropósito inadmisible», «propuestas irracionales», «una incitación al aumento de la violencia», «una norma que nos deja vendidos», «atropello a la razón», «un cambio que pone bajo sospecha permanente a los agentes», «una locura incomprensible», «una vergüenza que beneficia los comportamientos incívicos»... Las críticas se acumulan tanto de forma pública, sobre todo a través de las agrupaciones representativas de las Fuerzas de Seguridad, como de manera anónima en foros y chats en los que los uniformados censuran que el Ejecutivo esté dispuesto a aprobar un marco normativo de estas características.
Aquellos que trabajan en la calle para velar por la seguridad de los ciudadanos ponen ejemplos de situaciones que, si el proyecto no se modifica, se podrán dar. Así, según la normativa, los agentes que se lleven a alguien indocumentado para conocer su filiación en comisaría, deberán devolverle al sitio donde se le recogió. «Si llaman desde un parque infantil que observan a un señor merodeando y le identificamos, ¿le tenemos que volver llevar de vuelta al parque? Es absurdo», apunta Pablo Pérez, portavoz del sindicato Jupol.
«Se queda corta»
Voces cercanas a los partidos en el poder, en cambio, consideran que la normativa «del Gobierno más progresista de la Historia» se ha podido «quedar corta» y achacan las críticas de los uniformados a la evidencia de que esta Ley «tiene vocación de permanencia». En este sentido, destacan como una de las medidas estrellas que se deje de considerar como infracción leve (multadas con entre 100 y 600 euros) las manifestaciones que no han sido comunicadas con anterioridad. En este sentido, señalan que en ocasiones las movilizaciones son respuestas a una noticia, como un asesinato machista.
Las Fuerzas de Seguridad, en este punto, aclaran los motivos de esa notificación previa: «Cuando se pide que se comuniquen es para poder estudiar un poco el trazado y poder detectar puntos sensibles o más peligrosos, principalmente para los propios manifestantes ya que lo que se busca es poder evitar una confrontación».
Dos posturas casi contrarias sobre una norma que sin haber visto la luz ya ha creado una polémica histórica.