El anuncio realizado este jueves por el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, de que un informe de la InspecciónGeneral recomendaba dejar fuera a los sindicatos y la patronal de la elaboración de las bases de los programas de formación a desempleados volvió ayer a generar un nuevo cruce de acusaciones entre partidos y Junta. Si el mismo jueves la Agencia Ical informa que dos reuniones celebradas entre el Ejecutivo y los sindicatos habían terminado en «bronca» con los representantes de la UGT levantándose de la mesa, ayer el consejero de Empleo, y expresidente del CES, Germán Barrios, ratificó los argumentos esgrimidos por Igea y aseguró que los sindicatos y la patronal «no pueden ser juez y parte» en la elaboración de las bases reguladoras de las convocatorias de los programas de formación a desempleados. Barrios aseguró que las palabras del vicepresidente se referían a «las recomendaciones de la Inspección de Servicios, claras y evidentes, para mejorar la gestión» de las bases de los programas de formación a desempleados, que «hay que cumplir», y que en opinión del consejero de Empleo e Industria «no generan ningún problema» con los sindicatos.
Y es que, en materia de elaboración de las bases para la convocatoria de los programas de formación a desempleados, Barrios aseguró que los sindicatos «tienen derecho de información, pero no pueden ser correlactores o corredactores de las normas junto con la Administración, porque esa es una potestad de la Administración Pública». No obstante, sí recordó que los sindicatos están «en el diseño de las políticas y los acuerdos político-programáticos que se firman a través del Consejo del Diálogo Social, porque así lo dice la Ley», y que en ese sentido «nadie cuestiona el Diálogo Social en Castilla y León» porque «ha supuesto mejoras importantes para los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma», informa Ical.
Unos argumentos que no compartió el líder regional del PSOE, Luis Tudanca, que atacó al Gobierno regional, al que acusó de querer «cargarse» el Diálogo Social, por lo que reclamó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que «dé la cara» y defienda lo que es una seña de identidad. El secretario regional socialista consideró «cada vez más indignante» que el Gobierno de Castilla y León, «la derecha de esta Comunidad», cada vez que ocurre algo «eche la culpa al empedrado».
En este caso, apuntó Tudanca, a los sindicatos, «una vez más», y lamentó que quieren «cargarse» el Diálogo Social y cualquier tipo de relación y negociación con los agentes económicos y sociales de la Comunidad, aunque haya que aclarar lo que ha pasado y las posibles irregularidades que se han denunciado, tanto dentro de la Junta como en los tribunales. «Pasó con la puesta en marcha del Serla, que está bloqueada, las 35 horas, al final no puede ser casualidad que estén permanentemente en cada decisión poniendo en tela de juicio el papel de los agentes económicos y sociales de la Comunidad, de los agentes del Diálogo Social», concluyó Luis Tudanca.
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz manifestó que no conoce el informe, de cuyo contenido informó el jueves el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, aunque afirmó que en el marco del Diálogo Social se negocia el plan de empleo que es «válido». En tal sentido, indicó desconocer si los agentes sociales, que de manera indirecta son receptores de fondos para desempleados, han tenido alguna intervención en la elaboración de las bases, cuestionadas en el informe de la Inspección de Servicios. No obstante, añadió que el Diálogo Social es un a «herramienta útil» y confió en que «siga siendo así».