El pacto de gobernabilidad entre Partido Popular y Ciudadanos debe superar esta semana su último obstáculo para afrontar la sesión de investidura y dotar a Castilla y León de un gobierno estable para la legislatura. Tras la firma del acuerdo programático, el reparto de poder y la distribución de las consejerías de la Junta son las últimas piedras que deben eliminar las comisiones negociadoras para concluir este proceso, que está siendo más complicado de lo previsto inicialmente.

Quince días después del primer encuentro, presidido por los dirigentes nacionales Teodoro García Egea (PP) y José María Espejo (Cs), ambas formaciones han cerrado ya un programa de gobierno con un centenar de medidas sectoriales, entre las que hay un importante capítulo dedicado a la regeneración democrática como la eliminación de aforamientos y una mayor restricción a la limitación de mandatos. Sin embargo, aún no hay nada acordado sobre la estructura que tendrá el próximo Gobierno autonómico ni sobre qué áreas controlará cada partido.

Las discrepancias en esta fase final de las negociaciones son aún visibles y así lo demostró con sus palabras el propio Francisco Igea, candidato de Ciudadanos, cuando insistió en varias ocasiones que «aún no está todo cerrado» y ni siquiera quiso admitir que él fuera a convertirse en vicepresidente de la Junta una vez que se cerrara el pacto del todo.

Gobierno conjunto.

Consciente de que este acuerdo con el Partido Popular «cabrea y decepciona» a muchos votantes de Ciudadanos, Igea sigue poniendo el listón muy alto a los populares en su intención de que se visualice claramente un «cambio» que muchos niegan al permitir que continúe en el Gobierno de Castilla y León a un partido que lleva 32 años al frente del Ejecutivo autonómico.

Por ello, Igea está empeñado en reclamar un «gobierno conjunto» y no un «gobierno del PP apoyado por Cs». El meollo es desgranar en qué consiste ese ‘gobierno conjunto’, que el propio Igea define como una Junta con una sola voz, con unidad de acción y donde no haya diferencias entre consejeros, sean  del PP o de Ciudadanos.

Esta idea que el candidato naranja tiene en la cabeza llevaría a un gobierno ‘paritario’, es decir con los mismos consejeros de cada formación política, algo que exigen claramente desde Cs y que no gusta mucho en el Partido Popular, que hacen referencia a una distribución proporcional en función de los escaños de cada uno. Mientras los populares cuentan con 29 asientos en las Cortes, los naranjas tienen 12, menos de la mitad.

Otra de las exigencias que parece perseguir Igea, aunque no lo ha expresado claramente, es hacerse con la portavocía, que bien podría ostentar él mismo como vicepresidente y portavoz de la Junta o recaer en otro miembro de Ciudadanos. Los naranjas quieren tener la voz del Gobierno y controlar el cumplimiento del programa acordado con el Partido Popular.

Las declaraciones de Igea, que siempre ha sido partidario de iniciar contactos también con el PSOE, marcan ese camino, que además se completa con la reivindicación de consejerías importantes y con peso, presupuestario y social, como Sanidad, un área muy criticada durante la pasada legislatura, o Presidencia, con el fin de controlar y hacer más transparente las relaciones con los medios de comunicación, según sus propias palabras.

En el Partido Popular reina el optimismo de cara al exterior, aunque sus dirigentes reconocen en privado que el escollo que afrontarán en los próximos días no es pequeño. Los populares insisten en mantener el control del Ejecutivo, ya que Cs cuenta con la presidencia de las Cortes, que ostenta Luis Fuentes, elegido el pasado viernes con el apoyo de ambos grupos. Sin embargo, el propio Fernández Mañueco, que se convertirá en presidente de la Junta si se cierra el pacto, manifestó tras la primera reunión que estaban dispuestos a «lo que ellos quieran» en referencia a Cs.

Los próximos días serán clave para acometer una sesión de investidura que podría celebrarse en los primeros días de julio, pues el presidente de las Cortes dispone de 15 días desde la constitución del Parlamento para proponer un candidato a la Presidencia de la Junta, tras consultar a los grupos parlamentarios.