Solo hay tres provincias en Castilla y León que cumplen con los plazos legales a la hora de tramitar las solicitudes de prestaciones de dependencia. Una de ellas es Palencia, las otras Segovia y Soria. En concreto, lo hace en 175 días, por debajo del plazo de seis meses (180 días) que marca la ley y considerablemente lejos del tiempo medio de resolución a nivel nacional, que se sitúa en 426 días.
Son los datos que recoge el informe Fiscalización de la aplicación de la normativa en materia de dependencia en colaboración con el Tribunal de Cuentas, elaborado por el Consejo de Cuentas sobre los ejercicios de 2017 y 2018, y que refleja que el resto de provincias de la comunidad se encuentra por encima del límite legal. Destacan con peores tiempos medios Valladolid (219 días) y Salamanca (208), situándose la media regional en 198 días.
«No obstante, la comunidad se sitúa entre las que mejores tiempos de resolución obtienen junto con Ceuta, Melilla, País Vasco y Navarra conforme a las estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)», explica el organismo autonómico.
El estudio además señala un porcentaje de reconocimiento de este tipo de ayudas superior al 70 por ciento en Castilla y León. En total, se han reconocido 33.972 de las 47.221 solicitudes presentadas a la Gerencia de Servicios Sociales. De ellas, 2.402 expedientes corresponden a la provincia palentina, por delante de Ávila (2.288), Segovia (2.259) y Soria (1.289).
En el 53% de los casos regionales, en concreto 18.116, el reconocimiento de la prestación se produjo en un plazo superior al máximo de seis meses legalmente establecido, sobrepasándose en un promedio de 62 días. En Palencia, el exceso para los 929 expedientes que se resolvieron fuera de plazo fue de 31 días, lo que supone la cifra más baja de Castilla y León. Salamanca (75), Valladolid (70) y Ávila (70) son las que más se demoraron.
«En el marco de la financiación estatal del sistema de la Ley de Dependencia, los recortes y congelaciones de las cuantías del nivel de protección mínimo a cargo del Estado y su falta de vinculación con el coste de los servicios y prestaciones asumidos por la comunidad, conjuntamente con la suspensión de la financiación estatal recibida a través del nivel de protección acordado, han ocasionado un desplazamiento de la carga financiera del sostenimiento del SAAD hacia la comunidad. El actual sistema dual y mixto de financiación no puede perpetuarse y extenderse más allá de la futura reforma del Sistema de Financiación Autonómica», asegura el organismo.
Del mismo modo, el Consejo de Cuentas subraya que la Gerencia de Servicios Sociales no dispone de un programa presupuestario diferenciado para reflejar el gasto de dependencia, ni tampoco de una contabilidad analítica que le posibilite diferenciarlo ni cuantificar el correspondiente a cada uno de los servicios del SAAD.
Por todo ello, la institución autonómica recomienda que «la Gerencia de Servicios Sociales debe proseguir en su labor de armonización de las ordenanzas fiscales en relación con la prestación del servicio de ayuda a domicilio, para lograr que los criterios para determinar la capacidad económica y las fórmulas a aplicar para determinar el copago de los usuarios dependientes sean homogéneos en toda la comunidad».
Asimismo, sugiere la creación de un sistema de contabilidad analítica que le permita cuantificar el coste individualizado de cada uno de los servicios del catálogo de la Ley de Dependencia.
Cuidadores. El informe de fiscalización también hace referencia a los cuidadores no profesionales (CNP). Y es que una de las prestaciones económicas reconocidas en la Ley de Dependencia es la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (Pecef), que puede ser reconocida excepcionalmente cuando el beneficiario esté siendo atendido por sus familiares y se reúnan las condiciones establecidas en la citada ley.
Se consideran CNP aquellas personas que prestan atención a otras en situación de dependencia en su domicilio, formando parte de su familia o de su entorno y no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.
El número de CNP con convenio especial con la Seguridad Social ha ido evolucionando en paralelo en función de que las cuotas hayan sido o no financiadas por la Administración General del Estado (AGE).
Entre 2008 y julio de 2012, el número de CNP en Palencia pasó de 68 a 844. Tras el Real Decreto-ley 20/2012, por el que los cuidadores debían asumir por sí mismos el coste de las cotizaciones, se produjo un fuerte e inmediato retroceso. Se bajó a 80 a finales de aquel año, alcanzando el punto más bajo en marzo de 2019, con 34, un descenso total del 96%.
En ese momento se recuperó la financiación por parte de la AGE y el número de CNP volvió a subir hasta los 286 registrados a finales de 2020, lo que se traduce en un aumento del 741%.
fiscalización. El Consejo de Cuentas, con sede en Palencia, es la institución autonómica encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de Castilla y León, pronunciándose con claridad y transparencia sobre la legalidad, regularidad y eficacia en el uso y gestión del dinero público.