Donald Trump será un presidente para la Historia por muchos motivos. Por sus polémicas políticas contra la inmigración, por romper pactos internacionales de manera unilateral, por su nefasta gestión del coronavirus, por abrir una grieta inédita en el Partido Republicano, por su inaudita reacción al perder las elecciones, por ausentarse de la investidura de su sucesor... Son numerosas las razones, a las que se suma otra más en la que abre un nuevo capítulo: después de haberse convertido en el tercer presidente de Estados Unidos en ser sometido a un juicio político -y ser también el tercero en superarlo-, se convertirá en el primer exmandatario en vivir un impeachment, algo hasta ahora impensable para una persona que ya no ostenta cargo alguno.

Con la controversia acompañándole -una vez más- incluso antes de que empiece el proceso -sus abogados dimitieron apenas unos días antes de que comenzase ante las diferencias en las posturas que se tenían que tomar-, Trump se enfrenta nuevamente a un Senado que podría hundir para siempre su carrera política o del que podría, por segunda vez, salir airoso de toda culpa, la opción más probable.

Las causas

El juicio político está vinculado a su actuación el pasado 6 de enero, cuando, durante un mitin cerca de la Casa Blanca, arengó a su seguidores a «luchar con todas sus fuerzas» y «de manera patriótica» contra lo que considera un «fraude electoral» en las presidenciales de noviembre. Un discurso que derivó en el inédito asalto al Capitolio, que sembró el caos en Washington y que se saldó con cinco víctimas mortales. 

«Instigación a la insurrección» es el cargo al que se enfrenta el magnate, del que la Cámara de Representantes acusa de «repetir falsamente» su denuncia -sin pruebas- de irregularidades en los comicios y cuyo resultado, reclamaba, no debía ser aceptado por el pueblo ni certificado por las autoridades. También considera que el exmandatario incitó el ataque de la turba contra el Congreso y que, con ello, puso en «grave peligro» la seguridad de EEUU y sus instituciones, «amenazó la integridad del sistema democrático», interfirió en el «traspaso pacífico» del poder y llevó a cabo una «traición histórica».

el proceso

Según la Constitución de EEUU, el presidente del país «debe ser destituido de su cargo si es acusado de y condenado por traición, soborno u otros crímenes o delitos graves». Aquí es donde radica la novedad: Trump no puede ser destituido, aunque sí inhabilitado, que es lo que busca este proceso.

Para que pueda celebrarse, una mayoría simple de la Cámara de Representantes avala acusar formalmente al mandatario -en este caso lo hizo con un amplio margen- y deja en manos del Senado el proceso de destitución, que debe ser respaldado por al menos dos tercios de los legisladores -algo que no ha ocurrido nunca en la Historia del país-.

La Cámara Alta comenzará el impeachment el próximo 9 de febrero y, una vez iniciado, deben realizarse diariamente sesiones, con excepción de los domingos, hasta que se consiga un veredicto.

En el primer juicio político contra el magnate, el proceso se prolongó durante cuatro meses y medio. En este segundo caso, los demócratas auguran que pueda durar «apenas unos días».

¿Es posible una condena?

Para que el juicio termine en una condena, hace falta el voto afirmativo de 67 de los 100 miembros del Senado, que en la actualidad está dividido a partes iguales -50 demócratas y 50 republicanos-. En el primer impeachment contra Trump, con los conservadores con mayoría en la Cámara Alta, los legisladores siguieron la disciplina de su partido y se pronunciaron en contra de la acusación. Solo Mitt Romney, excandidato presidencial, votó a favor de destituir al mandatario. 

En esta ocasión, existen más fisuras en la formación y no se descarta que haya más deserciones, puesto que hay libertad de voto. De hecho, en enero, durante la aprobación del proceso en la Cámara de Representantes, hubo 10 congresistas republicanos que avalaron la propuesta demócrata.

Ahora, serían necesarios 17 disidentes, aunque la cifra parece difícil de alcanzarse. Según The Washington Post, hay 14 senadores conservadores que se han mostrado abiertos a una condena.

Los abogados de Trump, además, guardan una importante baza, la del hecho de que la Constitución habla de «destitución», algo que, alegan, es «imposible» teniendo en cuenta que el magnate «ya no es presidente», por lo que «el procedimiento actual ante el Senado es nulo ab initio».

En todo caso, si finalmente se decide condenar al exmandatario, este perdería los beneficios que otorga la Ley de Expresidentes, que incluyen una pensión vitalicia, seguro médico, un presupuesto para viajes de hasta un millón de dólares y una serie de medidas de seguridad, todo ello pagado por los contribuyentes. Además, y eso es lo que buscan los demócratas, también puede resolver inhabilitarle para ostentar cualquier cargo público, lo que pondría fin a la posibilidad legal de que busque postularse a la Presidencia en 2024 como ha insinuado en varias ocasiones.

Pero con Trump, nunca se sabe. El futuro está aún por escribirse.