El Partido Popular calificó la Ley Celaá, que pasó el primer trámite en el Congreso en la tarde de ayer, como «débil, sin consenso y profundamente ideologizada», razón por la que su presidenta, Ángeles Armisén, apuntó que «la única sigla que se ha caído del proyecto de ley es la C de calidad». Señaló que se trata de una norma que «no afronta los retos de la digitalización o el trilingüismo, y que acaba con la libertad de los padres para elegir».

Así lo defendieron los populares palentinos en un encuentro telemático con representantes de centros docentes y profesionales de la educación en la provincia. En este sentido, también criticaron la eliminación del castellano como lengua vehicular. Algo que, para el PP, «carece de todo sentido, por ser el idioma común y el segundo más hablado a nivel mundial». Tal es así que, «se penaliza la enseñanza del español en el país justo en la semana en que se conoce el crecimiento de la demanda que ha experimentado el idioma en países como China», aclaró Armisén

La norma aprobada el jueves solo recoge el derecho a la educación pública, restringiendo el derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la Carta Magna. Para el senador por Alicante y portavoz de educación en la Cámara Alta, Pablo Ruz, «es un aspecto flagrantemente anticonstitucional», al atentar contra el derecho a elegir de las familias y eliminar el concepto de demanda social, que fundamenta que los padres puedan llevar a sus hijos a un colegio concertado.