La Junta de Castilla y León está ultimando el estudio de las medidas restrictivas que elEjecutivo regional adoptará a partir del 9 de mayo cuando decaiga el estado de alarma, como establecer horarios de cierre para la hostelería y el comercio, en la línea de lo adoptado el pasado verano. Será este jueves 6 de mayo cuando el Gobierno de la Comunidad apruebe el nuevo paquete de medidas contra la covid-19, aunque la consejera de Sanidad,Verónica Casado, ya anunció ayer que mantendrá las que recoge el actual semáforo por indicadores de incidencia, con el cierre del interior de la hostelería a partir de los 150 casos a dos semanas por 100.000 habitantes. En estos momentos los servicios jurídicos de la Comunidad estudian qué medidas pueden adoptar dentro de sus competencias a partir del 9 de mayo, explico la titular sanitaria durante la rueda de prensa posterior alConsejo de Gobierno extraordinario.
Allí,Casado insistió en su preocupación por el fin del Estado de Alarma y la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de no ampliar esta situación pese a la petición reiterada de algunas autonomías como el País Vasco. De este modo, defendió que no se aplique un estado de alarma por autonomías y que las medidas que se adopten se hagan de forma global. Casado recordó que tras el 9 de mayo, las autonomías no tienen capacidad para impulsar medidas que limiten la movilidad ni la libertad de movimientos, por lo que todas las decisiones que se adopten en este sentido deben pasar por los tribunales. «No me parece bien que tengamos que judicializar el tema, debería resolverse desde el Ejecutivo y el Legislativo», señaló.
Del mismo modo, insistió en que las autonomías tampoco pueden adoptar decisiones que ataquen a los derechos fundamentales como puede ser limitar las reuniones en domicilios. Sin embargo, si se toma como ejemplo la situación vivida en el verano de 2020, sí se pueden poner acciones como la de fijar el horario de cierre de comercios o establecimientos hosteleros, siempre con informes jurídicos que lo avalen. «Todo lo que pudimos hacer el verano pasado se puede hacer ahora», apuntó Casado, quien aclaró que la incidencia de casos actual es mucho mayor a la del verano pasado. Además, defendió que una sola medida no funciona por sí sola y que es un conjunto de ellas a través de las que se limita el contacto social lo que lleva a una reducción de la incidencia acumulada. «Siempre hemos pedido una Ley de Pandemias que permitiera seguir adelante con medidas que tengan evidencia en el ámbito internacional como el toque de queda o el control de aforos, nos preocupa», zanjó.
En esta línea, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, afirmó que «no es muy sensato dejar caer todas las medidas con ocho o nueve comunidades con las UCI al máximo». El número 2 de la Junta criticó, de este modo, el fin del estado de alarma e insistió en que la pandemia «es un problema que afecta al conjunto de la nación», por lo que «el Gobierno tiene que asumir sus responsabilidades». No obstante, se mostró optimista con la evolución de la pandemia en la Comunidad. «La pesadilla empieza a acabarse», afirmó Igea, antes de sugerir que, gracias a la vacunación, este verano «será muy distinto» a lo que se ha «vivido hasta ahora».
Por su parte, el líder regional del PSOE, Luis Tudanca, pidió a la Junta que «haya un plan ordenado, coordinado, coherente y con medidas para los sectores más afectados» ante la finalización del estado de alarma, para lo que también reivindicó una «necesaria coordinación» entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas.
Valladolid y Salamanca
También ayer, la Junta acordó la reapertura a partir de hoy del interior de la hostelería y casas de juego en las ciudades de Salamanca, Valladolid y Ponferrada, pero el cierre de las mismas en León capital y otras cinco localidades de la Comunidad, lo que eleva a 31 su número, ante la tasa de incidencia acumulada superior a 150 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, tal y como anunció Casado, que reclamó «no bajar la guardia».