La llamada a la vía eslovena reclamada por Quim Torra, la amenaza de la Generalitat de depurar la cúpula de los Mossos d’Esquadra por cargar contra las movilizaciones violentas de los Comités de Defensa de la República (CDR), la no actuación de la Policía autonómica ante los cortes de la AP-7 y el levantamiento de los peajes han encendido las alarmas en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que llegó al poder tendiendo la mano a los secesionistas catalanes y abriendo una vía de diálogo y se ha encontrado con la radicalización de los postulados del Govern.
Ante el cúmulo de provocaciones de los independentistas, que ya avisaron que el otoño y el invierno iban a ser «movidos» en protesta por la causa judicial del procés, el Gobierno central ha variado su discurso e, incluso, se plantea ahora traspasar aquella línea roja que aseguraron que no iban a cruzar nunca: la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que conllevaría, de nuevo, la suspensión de la autonomía, como ya ocurriera en octubre de 2017 cuando el Senado avaló recurrir a este precepto de la Carta Magna para destituir al Govern y hacerse con el control de la región tras la proclamación de la República por parte del por entonces president, Carles Puigdemont.
Así lo confirmó ayer, la portavoz del Comité Electoral del PSOE, Esther Peña, quien detalló que el Gabinete de Sánchez está ultimando un estudio sobre las medidas que puede adoptar dentro del marco constitucional para que la «conculcación de derechos» que, a su juicio, se ha producido en Cataluña con la «complacencia» de la Generalitat y la «dejación de funciones» de Torra tengan «consecuencias importantes». Según avanzó, «en las próximas horas» se conocerán esas medidas «valientes» con las que los socialistas responderán a lo ocurrido en las últimas semanas en Cataluña.
En este sentido, el PSOE considera que la situación que está viviendo la comunidad es de «grave deterioro» social y del Estado del bienestar y los servicios públicos, así como de la convivencia, por lo que instó a los independentistas a no crear más problemas. Además, Peña acusó a Torra de «no saber cuál es su posición, que no es otra que la de asegurar la convivencia y la seguridad» de los ciudadanos catalanes, y le advirtió que como líder del Ejecutivo regional «no puede inhibirse» ante situaciones como las generadas por los CDR.
De hecho, según confirmó Moncloa, el Gobierno ya ha enviado cartas a la Generalitat en las que pide explicaciones por «las graves alteraciones de orden público y seguridad del tráfico» del fin de semana y advierte que, si los Mossos no «ejercen las funciones que les incumben», se ordenará la intervención en Cataluña de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las misivas han sido remitidas desde la Vicepresidencia, el Ministerio de Fomento y el de Interior.
real decreto. Mientras, el Partido Popular dio dos soluciones al Ejecutivo para frenar la radicalización de la Generalitat: o la utilización del 155 «ya», tal y como reclamó su líder, Pablo Casado; o la aprobación de un Real Decreto que, a través de la Ley de Seguridad Nacional, le permita tomar el control de los Mossos. Según la moción presentada por los populares en el Senado, el Gabinete de Sánchez podría, sin necesidad de recibir la bendición del Parlamento, dictar «hoy mismo» una norma «que declare que en Cataluña existe una situación de interés para la seguridad nacional y nombre una autoridad funcional con competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan en materia de seguridad y orden público».