La Consejería de Fomento reforzará el control sobre el exceso de peso, las plataformas de paquetería y los servicios de alquiler de vehículos con conductor (VTC), en virtud del plan de inspección del transporte por carretera de la Comunidad, que entrará en vigor en 2019.

Así lo recoge el borrador que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó ayer al Consejo Regional de Transportes, en la primera reunión tras la aprobación de la Ley, que establece por primera vez un marco jurídico legal estable y realista del transporte de viajeros por carretera y sus infraestructuras. El texto de la ley incluye las propuestas y demandas del sector, que cuenta con 2.315 empresas, mueve 6.307 vehículos y da empleo a 9.000 personas de forma directa y otras 3.000 de forma indirecta; todos ellos se verán afectados por el futuro vencimiento de las actuales concesiones por normativa europea.

Otro de los puntos de la reunión se ha centrado en informar sobre el Real Decreto-Ley que modificó la normativa sobre Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos sin conductor VTC. En Castilla y León existen 314 autorizaciones de VTC, sin que quede ninguna pendiente de decisión judicial. Coexisten, a su vez, 2.307 autorizaciones de taxi. La Junta ha detectado que solo operan 117 vehículos con licencia VTC, sin que se realicen tráficos de carácter urbano.

En cuanto al taxi, la nueva normativa posibilita el establecimiento de tarifas con cuantías únicas y predeterminadas y establece y unifica la imagen exterior de los vehículos, según informa Ical.

En relación con el sector del transporte de mercancías por carretera, Suárez-Quiñones destacó el compromiso asumido por el Ministerio de Fomento en relación a la aprobación y entrada en vigor en enero de 2019 de la modificación del Reglamento de desarrollo de la Ley, una vez que se han incorporado los pronunciamientos del Tribunal de Justicia Europeo sobre flota mínima y antigüedad de los vehículos. Finalmente, a partir de enero entrará en vigor el visado de oficio y, con ello, la desaparición física de las tarjetas de transporte, lo cual redundará en una más ágil realización de los trámites administrativos y facilitará las relaciones entre Administración y transportistas.