Los litigios por contratos públicos ya superan los de 2018

David Alonso
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El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales resolvió 179 reclamaciones entre enero y octubre de este año, cincuenta más que en todo el curso anterior y casi el doble que en 2014

Los litigios por contratos públicos ya superan los de 2018

Los litigios de las empresas de la Comunidad contra los contratos públicos de las administraciones regionales siguen rompiendo récords y por cuarto año consecutivo marcará un nuevo máximo en Castilla y León. Solo entre enero y octubre el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad (Tarcyl) –dependiente del Consejo Consultivo– ha recibido 179 recursos de empresas contra alguna adjudicación, anuncio o pliegos de los distintos contratos públicos que salen a concurso de mano de las entidades públicas. Una cifra que supera con creces la registrada durante todo el año pasado (136) y que duplica los recursos gestionados por el Tarcyl hace tres años, cuando apenas llegó al centenar de casos, según los datos facilitados por el Consejo Consultivo a este periódico. En total, en lo que va de año las reclamaciones tratadas se han incrementado un 30 por ciento, un porcentaje que sin duda se elevará, toda vez que solo durante el primer semestre el repunte de recursos alcanzó el 80 por ciento.


Una secuencia que refleja el interés creciente de las empresas de la Comunidad por las funciones de este órgano dependiente de una institución propia ante el que pueden llevar sus reclamaciones contra las administraciones públicas por los contratos de obras, servicios o suministros. De esta forma, todo hace presagiar que la entidad superará con facilidad la barrera de los 200 recursos gestionados durante este año. 


Recientemente, el presidente del Consejo Consultivo y del Tarcyl, Agustín Sánchez, destacó la «importancia» de la tarea desarrollada por la institución, que, a su parecer, queda reflejada en el «significativo» aumento de la actividad. Además, calificó de «fundamental» el trabajo desarrollado por la institución, ya que «contribuye a reducir la litigiosidad, aportando seguridad jurídica y generando ahorro público y, todo ello, sin que la labor del Tribunal genere coste alguno». «Las resoluciones provocan una escasa litigiosidad, ya que solo en seis casos se llevaron los expedientes ante el TSJ», apuntó. Uno de estos casos lo ha protagonizado el Ayuntamiento de Salamanca, que anunció que recurrirá al Tribunal Superior de Justicia la anulación del contrato de conservación y mantenimiento de jardines del consistorio salmantino.


Ayuntamientos y Junta

Durante el pasado año, último con datos cerrados, los ayuntamientos de la Comunidad y la Junta de Castilla y León fueron el foco principal de los recursos presentados por las empresas autonómicas, acaparando ocho de cada diez reclamaciones al Tarcyl. En cuanto al origen provincial de los recursos, Burgos, con 33, y Valladolid, con 27, centraron igualmente la mitad de los 136 casos tratados por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales regionales. En total, el importe de los concursos públicos reclamados el año pasado ascendió hasta los 835,5 millones, el 15% de los más de 5.000 millones tratados por el organismo desde su creación en 2012. Atendiendo a la memoria anual del Tarcyl, la mitad de las reclamaciones empresariales estudiadas durante 2018 (67), fueron desestimadas, mientras que otras 39 fueron estimatorias –17 de ellas parcialmente–.