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ATA cree que subir el SMI es una "bofetada" a zonas rurales

SPC
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ATA cree que subir el SMI es una "bofetada" a zonas rurales

Lorenzo Amor constata que las autonomías que reducen padrón pierden autónomos y exige financiación, ventajas fiscales e incentivos al emprendimiento para estos territorios

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, advirtió hoy en Valladolid de que subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es una “bofetada” a la España vaciada, donde los pequeños negocios no podrán hacer frente a los costes laborales y acabarán despidiendo a sus empleados o cerrando.

Amor presentó hoy en la sede de Cecale, las conclusiones del Barómetro del Trabajo Autónomo en Castilla y León, sobre una encuesta efectuada entre el 26 de diciembre y el 5 de enero, que revela que los trabajadores por cuenta propia de la Comunidad con empleados, el 47 por ciento del total, rechazan mayoritariamente el alza del SMI. En este sentido, el 65,3 por ciento no están de acuerdo con esta medida y un 90 por ciento asume que les afectaría si se aprobase de nuevo este año.

Amor denunció que la subida del SMI en un 22,3 por ciento en 2019, provocó que 60.000 trabajadores en España acabaran en la economía sumergida y comentó que esa subida no afecta a las grandes empresas sino a los pequeños negocios.

Aseveró que no es lo mismo elevar el SMI en Valladolid que en un pueblo de Soria de 400 habitantes, donde el volumen de negocio no permite hacer frente a los gastos laborales. Asimismo, afirmó que esta medida no sólo afecta a las empresas y los trabajadores, sino también a las familias que dejan de poder contratar cuidadores o servicios.

Lorenzo Amor insistió en que la subida del SMI trajo precarización para los trabajadores, a los que se redujo la jornada, se despidió o acabaron en la economía sumergida, sobre todo en los pequeños municipios donde se dan mayoritariamente estos salarios. En este contexto, aseguró que no rechaza que se suba el SMI, pero siempre desde el diálogo, la negociación y el consenso, para establecer de forma progresiva.

El dirigente patronal recordó también que Castilla y León perdió el año pasado 2.535 trabajadores autonómicos, hasta cerrar el año con 192.682, con una merma porcentual del 1,23 por ciento, un dato que ligó directamente con la despoblación. “Las autonomías que perdieron autónomos y pequeños comercios son las que pierden padrón”, sentenció, para exigir al Ejecutivo central una financiación autonómica que otorgue un plus a las zonas despobladas; incentivos fiscales para estas zonas e impulso del emprendimiento entre mujeres e inmigrantes”. “Las carreteras y el AVE no solucionarán este problema, sino que hace que salga la gente”, advirtió.