Hace unas semanas hacíamos referencia en este mismo espacio al inicio de un proceso de embargos sobre bienes españoles en el extranjero, en cumplimiento de las sentencias o laudos dictados por organismos internacionales contra el Estado español por incumplimientos en el apoyo comprometido a las instalaciones fotovoltaicas a finales de la primera década de este siglo. No menos de 2.000 millones suman los arbitrajes, unos con sentencia firme y otros en proceso, pero con el mismo final previsto. El Gobierno español intenta eludir las multas y la ejecución de embargos, aplazarlos al menos, con recursos que hasta el momento le han costado más de 40 millones en la contratación de despachos de abogados.
El daño de ahora, económico y reputacional, fue propiciado por los ministros Sebastián y Soria, de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, en los años 2010 y 2013, respectivamente. Curiosamente algunos medios tratan ahora de distorsionar la historia, en un intento burdamente partidista por responsabilizar a Sánchez de lo ocurrido. Dos ejemplos llamativos: Acusar a Sánchez de moroso por no pagar o afirmar que al presidente del Gobierno le pueden embargar «su Falcon».
Anécdotas aparte, a los 65.000 productores españoles que sufrieron la misma aberración, aplicar injustamente carácter retroactivo a inversiones económicas propiciadas y avaladas por el Gobierno, les fue negada la legitimación para recurrir a los mismos organismos internacionales, dependientes del Banco Mundial.
A la vista de lo ocurrido, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha iniciado una campaña en la que reclama al Gobierno «un justo y equitativo trato respecto a los inversores extranjeros». El cartel publicitario de la campaña resulta explícito. La cara de un ciudadano recibe un golpe brutal de un puño de boxeo. Y esta leyenda al pie: «Así es como se siente un pequeño fotovoltaico español cuando se entera de otro laudo favorable a un fondo extranjero».
España es el segundo país en incumplimientos de este tipo de laudos, solo por detrás de Venezuela. Una situación de «bochorno», en palabras de Anpier, que se añade a la discriminación injusta. Al parecer no cabe la responsabilidad penal para los autores de la tropelía.