Es la eterna pregunta circular. ¿Quién cuida a los cuidadores?, ¿quién vigila a los vigilantes?, ¿quién juzga a los juzgadores?... Los gremios se constituyeron en la Edad Media para defender los propios intereses corporativos, por aquello de la unión hace la fuerza; si compras al por mayor pagas menos, si somos muchos nos defendemos mejor. Es la base de los sindicatos, de los lobbies y las agrupaciones profesionales. Pero, cuando se trata de un bien jurídico público del que penden derechos fundamentales de la persona y del ciudadano, no se puede banalizar y desproteger. Que los jueces se autogobiernen le viene muy bien al Partido Popular. Una mayoría de jueces son ideológicamente conservadores. No hay más que ver sus biografías; hijos de familias ya pertenecientes a la magistratura, o cuando menos procedentes de clanes profesionales en cualquier ámbito. Acceder a la carrera judicial requiere un respaldo económico importante, se necesitan, como poco, cuatro años de gastar y no ingresar, un preparador y, por supuesto, mucha entrega y ganas de estudiar. Son minoría los jueces procedentes de entornos con economía ajustada y/o sin estudios, porque en estos no existe ni siquiera el convencimiento de poder desclasarse para acceder a niveles dirigentes. Las derechas lo tienen muy claro. Pero en democracia eso sería un contubernio. La separación de poderes no incluye zafarse del control supervisor por parte el pueblo soberano. A través de nuestros votos ejercemos el supremo control del legislativo y, por ende, del ejecutivo resultante. Premiamos o castigamos en las urnas. En cada proceso electoral otorgamos el timón a quienes pueden defender mejor nuestros intereses. A la corrupta derecha española le vendría muy bien tener a los jueces comiendo de su mano, por eso bloquean su renovación. 
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