La memoria de las víctimas del terrorismo, inocentes que padecieron la sinrazón de una de las manifestaciones más monstruosas que puede tener el odio, no merece una humillación tan infame como la que supone un homenaje al etarra más sanguinario que permanece en prisión, Henri Parot, condenado por 39 asesinatos. Aunque finalmente fuese camuflada como protesta contra la cadena perpetua, la desidia gubernamental ha permitido tan doloroso ultraje. Resultan tan inimaginables en Italia, Francia o Estados Unidos homenajes a los terroristas de las Brigadas Rojas, a los yihadistas que atentaron contra el semanario Charlie Hebdo o contra las Torres Gemelas de Nueva York, como inaceptable que en España los presos de ETA sigan siendo homenajeados ante la inacción de las instituciones políticas y judiciales. Estos actos no solo suponen una afrenta a las víctimas, también vituperan los valores democráticos que definen al conjunto de la sociedad española y que consagra nuestra Constitución.  

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se escuda en que no tiene instrumentos legales para impedir tales homenajes. La justicia siempre ha rechazado todas las denuncias interpuestas contra los actos de bienvenida a los presos que salen en libertad. Tanto la Audiencia Nacional como la jurisprudencia del Supremo y el Constitucional han sido la base para esgrimir que no puede existir delito de enaltecimiento del terrorismo cuando no hay un “riesgo cierto” de que se pueda cometer un delito terrorista, menos aún con ETA ya disuelta. Esto es así ahora y cuando gobernaba el PP, por cierto. Aunque el actual ministro se ha comprometido en varias ocasiones en el Congreso a reformar la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo que, al menos, permitiría multar estas convocatorias y ahora resulta de todo menos convincente cuando obvia o intenta explicar por qué lo ha sacado de su agenda. 

Garantizar la memoria y la dignidad de las víctimas debe de ser una de las prioridades de cualquier democracia que haya sufrido la lacra del terrorismo como la ha sufrido la sociedad española. Los riesgos de seguir alimentando a la serpiente de ETA están ahí, como denunciaron el sábado las víctimas. Ya no valen más excusas. Urge arbitrar los mecanismos legales precisos para que el Estado de Derecho impida que se pueda volver a vejar a las víctimas en Mondragón, como también para que se pueda contener una manifestación neonazi anti-LGTBI, por ejemplo. Con la grosera diferencia de que quien ha marchado este fin de semana por Chueca es un grupúsculo repudiado por la inmensa mayoría de los españoles, mientras los desalmados que apoyan a Parot tienen el respaldo de parte de la sociedad vasca y el amparo de un partido que mantiene alianzas con el Gobierno.