Cuando a finales del mes de octubre el presidente del Gobierno anunció que volvería a decretar el estado de alarma se armó la marimorena, a pesar de que la segunda ola de la pandemia que siguió al verano hacía necesario tomar medidas restrictivas para limitar su expansión. Los argumentos en contrario fueron los de siempre, las intenciones liberticidas del Ejecutivo y su alergia a dar cuentas de su aplicación en el Congreso, lo que quedó limitado a una vez cada dos meses en lugar de cada quince días, lo que dividía por cuatro la bronca política, pero daba carta de naturaleza a la cogobernanza a través del Consejo Interterritorial de Salud. Cuando  el pasado martes Pedro Sánchez anunció que no prorrogará el estado de alarma, se vuelve a armar otra trifulca y aquellas comunidades autónomas que se mostraron reticentes a su implantación, a la espera de lo que dijeran desde la calle Génova, y que consideraban limitadas sus posibilidades de actuación, ahora afirman que se quedan desprotegidas ante la amenaza de la cuarta ola, a pesar de que muchas de ellas ya realizaron actuaciones en el ínterin entre los dos periodos de excepcionalidad, que en la mayor parte de los casos fueron avaladas por los tribunales superiores de justicia de sus comunidades autónomas. Es el sino de la política española que todavía no tiene bien engrasados los mecanismos de cooperación interterritorial y de lealtad institucional.

Pero, una vez más, al presidente del Gobierno le han perdido las formas, porque la mayor parte de los presidentes autonómicos le reprochan no haber sido consultados. Claro que al minuto siguiente alguien se habría encargado de filtrarlo y habría comenzado la inevitable bronca. Por ese motivo, una vez realizado el anuncio, las reacciones más interesantes han sido las más templadas, la del lehendakari Íñigo Urkullu, y la del presidente extremeño, Guillermo Fernández-Vara. El primero mediante la reclamación de una nueva reunión de la Conferencia de Presidentes que lleva sin celebrarse desde hace ocho meses; y la del segundo, para que el Consejo Interterritorial de Salud aborde de forma específica un plan conjunto para establecer las medidas a aplicar.

Resulta curioso que los presidentes autonómicos del PP -que se abstuvo en la votación del estado de alarma vigente-, sean los que más echan de menos que se le ponga fin, y máxime cuando desde la dirección nacional no saben no contestan si apoyarían una prórroga. A la vista de las votaciones en los casos precedentes, que pasaron por todos los estados de la materia, y con un proceso electoral por medio, es fácilmente previsible el tenor del debate y de la votación.  

A la vista de lo que sucede de forma habitual en las reuniones del CIS, con una comunidad autónoma -Madrid- que se opone por sistema a todas las propuestas aprobadas por amplísima mayoría, y de que su actitud en una conferencia de presidentes no sería menos beligerante por parte de Isabel Díaz Ayuso, serán los tribunales quienes valoren la legalidad de las decisiones –y lo hacen con rapidez- y en su caso aúnen la jurisprudencia para frenar la pandemia con mecanismos comunes.

Por poner una gota de optimismo ante la nueva bronca que se avecina hasta el próximo 9 de mayo y a continuación, resulta reconfortante que al menos se pida que se activen  los mecanismos de la cogobernanza. Y Pedro Sánchez debería atender esa reclamación.