Ocupar la Fiscalía General del Estado es sentarse en una silla eléctrica de la que se sale achicharrado. Solo hace falta comprobar la nómina de sus titulares, las polémicas en las que se han visto envueltos, fuera cual fuera el Gobierno que los nombró para comprobarlo. Porque de todos ellos se ha predicado su independencia del Ejecutivo de turno, pero a la hora de la verdad siguieron la senda más beneficiosa para quienes los nombró. Y, si alguno hubo que se mostró más independiente de la media, dimitió cuando las discrepancias eran evidentes o no fue refrendada en el cargo. Un par de fiscales generales nombrados por el PP saben algo de esto. Cierto que Pedro Sánchez ha rizado el rizo con el nombramiento de quien había sido ministra de Justicia en su primer Gobierno, Dolores Delgado, por lo que señalar su afinidad es más evidente y más fácil.
Aunque se ha abstenido en la elaboración del informe en el que la Fiscalía General pide el archivo de una veintena de causas en las que se acusa al Gobierno de un variado número de presuntos delitos relacionados con la mala gestión de la pandemia del covid-19, la oposición considera que su larga mano se ha proyectado sobre el escrito remitido al Tribunal Supremo, y ha contado con las críticas de los fiscales adscritos al mayoritario sector conservador de los fiscales reunidos en torno a la Asociación de Fiscales, reproduciendo así la tradicional politización de la Justicia de la que todos los partidos dicen querer huir pero que no dudan en utilizar en su favor.
El informe de la Fiscalía que no ve base penal en las querellas contra el Gobierno tiene que ser estudiado ahora por el Tribunal Supremo junto con el resto de los presentados por los querellados, desde víctimas de distinta índole a colectivos sanitarios, y puede decidir no seguir las consideraciones del ministerio público. Quienes apuntan a la falta de imparcialidad de la Fiscalía General pasan de puntillas sobre el hecho de que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, también fue alto cargo en el Ministerio de Justicia con José María Michavila, y que el PP se opone a su renovación.
Parece evidente que no todas las querellas presentadas tienen la misma solvencia jurídica, que unas están mejor fundamentadas que otras por lo que el Tribunal Supremo tendrá que realizar una importante labor para separar el grano de la paja, y compaginar la reclamación de justicia con las víctimas con la actuación del Gobierno ante una situación inédita. Pero la fiscalía sostiene que en la actuación del Gobierno y en la de otros gobiernos autonómicos sobre los que se han presentado querellas no ha habido dolo, y sin dolo no hay delito, por lo que la impresión en determinados medios jurídicos es que el futuro de todas las causas analizadas es el archivo.
Ante la decisión de la Fiscalía General de exonerar de responsabilidades al Gobierno y si los jueces admitieran
sus consideraciones, se hace más evidente y necesaria la creación de una comisión de investigación en el Congreso que determine las responsabilidades políticas y que se pusiera en marcha la auditoría internacional al respecto que el Gobierno dijo ver con buenos ojos y de la que no se ha vuelto a hablar.