Por mucho que se haya escuchado la frase de que se ha acabado el estado de alarma pero no la pandemia, es preciso insistir en ello porque, mientras discuten los representantes políticos, podemos encontrarnos con un crecimiento no deseado de la incidencia de casos ante la irresponsabilidad de algunos, principalmente jóvenes, no vayamos a criminalizar a todo el colectivo, quizás atraídos por ese mensaje de la reciente campaña madrileña en la que se vinculaba la libertad con la posibilidad de tomar cañas en los bares. 
Realmente indigna ver la imagen de personas que han celebrado el fin del estado de alarma como si fuera una Nochevieja, bailando y bebiendo, sin mascarilla ni distancia, hasta que, en algunos casos ha aparecido la Policía. También causa respeto ese éxodo masivo a playas y destinos turísticos, este fin de semana, fruto sin duda del cansancio pandémico.
Sigue sin entrar en la cabeza de muchas personas que actitudes imprudentes traen graves consecuencias, comenzando por su propia familia, con la que se sientan a comer al día siguiente después de haber participado en una fiesta de este tipo, y pueden contagiarla y enviarla a la UCIE, siendo asintomáticos. Si hablamos de edades entre los 18 y los 30 años, posiblemente algunos de los padres no están vacunados aún. Es para pensárselo dos veces.
Desgraciadamente, ya ha habido algunos abuelos que han padecido las consecuencias de comportamientos incívicos de sus próximos, teniendo en cuenta que gran parte de los contagios se ha producido en el entorno familiar. La actitud de una segmento de la sociedad también hay que vincularla con el enfrentamiento que se mantiene entre los políticos por si la legislación existente es suficiente como para seguir adoptando medidas que luego no sean tumbadas por los juristas.
El Gobierno tiene una responsabilidad, con declaraciones contradictorias, para rechazar que no es preciso legislar una norma que dé respaldo a las autonomías, argumentando que ya existen, incluso que pueden pedir el estado de alarma para su comunidad. Algunos partidos no recuerdan, o no quieren, que si se ha levantado ahora esta figura que restringe derechos de los ciudadanos, como el libre movimiento e impide el toque de queda, ha sido porque votaron a favor poniendo como límite el 9 de mayo, en el caso de Cs, o lo hicieron directamente en contra, como la ultraderecha, o la abstención del PP. Las responsabilidades también hay que repartirlas, como en los acuerdos que adoptan las autonomías, un sistema que desde luego se está revelando como un instrumento contra quien gobierna, si no es de su color político, en vez de un reparto de tareas perfectamente coordinadas. 
La pandemia sigue siendo utilizada como arma política y ya no solo se muestra agotamiento por sus efectos y por las medidas sino por el comportamiento de los cargos públicos basado siempre en clave electoral. Otra irresponsabilidad.