Antonio Álamo


libertadores

04/03/2021

Después de presenciar la extraordinaria defensa de la libertad de expresión que tiene lugar en Barcelona quizá sería ahora un buen momento para que se abra un debate sobre sus entresijos no solo en el país sino también en la Unión Europea. «Yo he venido para ayudar», decía uno de los libertadores de la citada libertad. «Y como yo todos», añadía. Tal manifestación se producía poco después de uno de los episodios en el cual quedó atestiguado una vez más el probado arrojo de todos para enfrentarse a los elementos urbanos que inopinadamente se habían conjurado en su contra. Que la libertad de expresión necesite tan aguerridos socorristas es ya algo más discutible.
El detonante, en cualquier caso, no es otro que el ingreso en prisión de un personaje condenado en dos sentencias por enaltecimiento del terrorismo en canciones y publicación de tuits justificando –entre otras cosas- tiros en la nuca, al margen de las multas por injurias a varias instituciones. En resumen, es un episodio más sobre el ejercicio y los límites del derecho a la libertad de expresión, pero puede servir para que quienes tienen encomendada la gestión pública hagan un esfuerzo para regular lo que constituye un problema latente desde el siglo XIX y que se ha agravado ahora con la aparición de Internet gracias a su enorme potencial de amplificación.
Quizá por eso, solo por eso, tanto quienes guardan silencio ante este revuelo y como quienes lo magnifican, sea por convicción o estrategia política, tienen una oportunidad maravillosa para dedicar parte de su tiempo a examinar determinadas normas –el código penal, por ejemplo- por si necesitan ser adaptadas a las circunstancias actuales de la sociedad. Si ya se han elaborado ciertas instrucciones para que los patinetes eléctricos circulen sin causar sobresaltos a los transeúntes ¿por qué no reformular otras normas?
La libertad de expresión, en cualquier caso, es un derecho fundamental que cumple una función esencial en una sociedad democrática puesto que garantiza el debate público sobre cualquier materia, por dispares que sean las posturas, aunque, eso sí, siempre y cuando no se sobrepasen ciertos límites recogidos en su jurisprudencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.



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