Quienes creyeron que la sustancial bajada de votos de Podemos en las elecciones madrileñas y la salida de Pablo Iglesias de la política práctica, significaban una vuelta a la normalidad, un alejamiento del neocomunismo, o comunismo disfrazado de actualidad, se equivocaron.
Iglesias ha pasado de ser un político, aceptando las instituciones estatales, a un activista, empleando los medios afines para lanzar sus soflamas tipo Molotow. Su expareja, Irene Montero, sigue metiendo cizaña en el Congreso y fuera de él. Belarra organiza constantemente un partido que se le escapa por los entresijos y Lilith Verstrynge a las órdenes de su papá, que dirige intelectualmente el cotarro.
Ahora le enjuician a Alberto Rodríguez, el canario de las rastas, que pateó a un policía y se morreaba con otro congénere para epatar a Rajoy y con la ocasión del juicio quiere plantear un lawfare, asunto nada baladí.
Law significa ley y warfare ámbito de guerra. Es decir, una guerra de desgaste contra gobierno y oposición, un golpe de estado blando, que busca derrocar a las instituciones establecidas desde la propia ley que las protege. Es un concepto de los 70 de EEUU para desgastar a la Corte Internacional y representa la judicialización de la política.
Por eso A. Rodríguez dice al Supremo que le juzga: «Tienen una oportunidad de oro para salvaguardar la justicia española». Les avisa de que actuarán bien si declaran su inocencia y salvarán de una guerra a la diosa Themis española y al propio estado.  De lo contrario, los casos Neurona sobre la financiación de Podemos, el del móvil de la Bousselham, la niñera de Montero, el jefe polisario Gali, el del Pollo Carvajal, y el reciente de Puigdemont con su «España nunca pierde la oportunidad de hacer el ridículo», generarán una batalla tan grande que será una ofensiva de Podemos al estado constitucional, base jurídica del PP y PSOE.
Podemos pretende el uso de la ley y procedimientos jurídicos para derrocar desde dentro, con dulzura y suavidad, a un gobierno que, nos guste o no, es legítimo. Es lo que desde el mundo del Derecho llaman «neogolpismo judiciario» o «lawfare».