La ciudadanía está atónita. El asunto que suscita la perplejidad no es tanto la disputa en torno a la discrepancia por dos horas arriba o abajo de confinamiento, cuanto que los argumentos se apoyen en interpretaciones de la norma y no en criterios sanitarios. Nuestros políticos se han enzarzado en un debate estéril en torno a si la decisión de la Junta de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde, en lugar de las diez que establece como referencia el Estado de Alarma, se ajusta a la legalidad vigente o si para adoptar unilateralmente una comunidad autónoma esa medida es preciso que previamente el Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno, modifique la Ley en vigor hasta el 9 de mayo. El presidente Fernández Mañueco argumenta que «el virus no entiende de tecnicismos jurídicos» y que es necesario utilizar todas las herramientas que puedan contribuir a doblegar la escalada del virus. El ministro Illa alegó el miércoles razones sanitarias. Entiende que ampliar las horas del toque de queda aumenta la concentración de personas en las horas de libertad y, en consecuencia, también el riesgo de contagio. O tal vez sospecha que el PP busca un debate en el Congreso, no previsto hasta mayo. Una encerrona a Pedro Sánchez antes de que las vacunas solapen la tragedia.
Más allá de la suspicacia, nunca sabremos quién tiene más razón, porque doblegar la propagación del virus conlleva la conjunción de múltiples variables y no es la menos importante la responsabilidad individual, principio que también se inocula en la sociedad mediante el ejercicio responsable del poder. Y el ejemplo que dan los políticos, por el contrario, es devastador. Parecen empeñados en hacer de antídoto.
Ante el absurdo debate si son galgos o podencos, los ciudadanos se muestran atónitos porque no entienden que quienes hacen las leyes se conviertan en sus víctimas, salvo que las utilicen torticeramente como coartada para dirimir duelos políticos y no para el fin social que las impulsó. Resulta incomprensible que en tamaño despropósito haya de invocarse el arbitrio del Tribunal Supremo. Y algunos dicen no entender la progresiva desafección de los ciudadanos a la clase política…