En materia de huelgas en la Justicia, no hay que darle muchas vueltas: los funcionarios que están ahora en ello quieren los 400 pavos mensuales con que los secretarios judiciales le hicieron el truco al Ministerio. Auxiliares, gestores, tramitadores, médicos forenses y personal del Instituto Nacional de Toxicología no quieren ser menos. El malestar que generó aquel chanchullo incendió de inmediato un movimiento de guasaps que ha desembocado en la actual huelga y la que te rondaré morena. Ahora jueces y fiscales dicen que se van a sumar al bullicio para que no falte de nada.
Le pegaba a la señora Llop el clavel con que adornaba su cabeza en la Feria de Abril de Sevilla, donde hizo declaraciones llamando a la calma mientras escondía la lata de gasolina con la que había apagado el fuego del conflicto con los secretarios judiciales. Sólo a políticos circunstanciales como los que nos dirigen se les ocurre cerrar un acuerdo con un colectivo sin considerar la contaminación inmediata a los adyacentes en una España en la que la envidia es un motor de crecimiento. Incluida la envidia sana y fundada.
Por supuesto, los justiciables no sólo no pintan nada en este asunto sino que se convierten en rehenes de una contienda ajena. ¿Podríamos hablar un rato de sus derechos? ¿Sería posible elevar a nacional con la contundencia que lo hacemos con asuntos más banales las compensaciones por juicios suspendidos, procedimientos paralizados, retrasos inducidos por estos paros tan apasionados en los que "juan español" no es ni juez ni parte pero de los que acaba siendo pagano?
Es intolerable que cuitas de parte, por la impericia de un gobierno y por el gremialismo de un colectivo, cause más daños que los ya habidos en la anterior huelga de hace unas semanas. Y todo ello en plena campaña electoral, para mayor menoscabo del contribuyente. Ya está bien de ser paganos de la cama y de lo otro.