Pasó la enésima reforma educativa el primer trámite parlamentario en el Congreso dejando tras de sí, otra vez, la estela del desacuerdo; lo mismo que ha venido ocurriendo en múltiples ocasiones anteriores. Es una verdadera desgracia para el sistema educativo, tan necesitado de estabilidad, que cada reforma se haya aprobado con el compromiso de quién esté en la oposición de que la derogará cuando llegue al gobierno. Esta vez, junto a otras cuestiones que exigirán análisis más detallado en su momento, se ha puesto mucho énfasis en el asunto de las lenguas, el castellano y las demás, las que son cooficiales en las Comunidades Autónomas donde se hablan, discutiendo su carácter vehicular, que no es otra cosa que su empleo como lengua en la que se imparten las materias que integran el sistema educativo.

En el Proyecto que el Gobierno envió al Parlamento se afirmaba que “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable”. Fórmula que pareció correcta en general, y suficiente para corregir el desequilibrio que se achacaba a la ley anterior, la conocida “ley Wert”. Sobre ese texto recayó una enmienda, finalmente aprobada, en la que desaparecía el carácter vehicular, sustituido por la “garantía de un derecho a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”. Así de amplio. Causó extrañeza que, viniendo el Proyecto de Ley del Gobierno, la enmienda fuera suscrita por los dos grupos de la coalición que lo integra, PSOE y Podemos, teniendo en cuenta que era exigida por ERC, que perfectamente hubiera podido presentarla por sí misma.

Y algo de extraño tiene. Se ha alegado con insistencia después que la enmienda no cambia nada; lo que hace inevitable la pregunta de para qué se presenta entonces. La respuesta es un tanto inquietante: el texto aprobado no prohíbe el uso vehicular; es obvio que no podría hacerlo; tampoco lo impone, ni para el castellano en exclusiva ni para las demás lenguas cooficiales. Pero el problema no es lo que prohíbe, ni lo que impone; es lo que permite. Y comprobando la procedencia de la enmienda, eso es precisamente lo preocupante.