Los confinamientos perimetrales impuestos por los gobiernos autonómicos al que poco a poco se van sumando nuevas regiones es una medida necesaria sobre todo cuando se aproxima un puente festivo que tradicionalmente supone un movimiento masivo de personas con motivo de la festividad de Todos los Santos. A los dirigentes regionales les preocupa sobre todo no que sus ciudadanos puedan repartir la enfermedad, sino que tratan de que no se importen nuevas fuentes de contagio.  

Con una tasa de contagio superior a los 400 casos por cada 100.000 habitantes la pandemia está en los últimos días en una curva ascendente que parece imparable y que necesita de medidas quirúrgicas para llegar a su aplanamiento y que se pueda decir aquello de que "hemos vencido al virus". Al menos ahora, con la declaración del estado de alarma no necesitan el aval judicial que ha sido otro de los factores que han contribuido al desconcierto de la validez de las medidas dada la distinta valoración que han realizado distintos tribunales superiores de justicia, problema que se salva con la declaración del estado de alarma.  

De cumplirse las previsiones casi toda España estará confinada perimetralmente en las burbujas autonómicas, pero son tantas las salvedades que permiten el movimiento entre zonas supuestamente aisladas que su virtualidad para frenar la pandemia está por ver y de evaluar si la medida es suficiente, sobre todo si no se recupera una disciplina social derivada del convencimiento de la gravedad de la situación, anunciada por todos los expertos, que avisan de los problemas a los que se ve abocado el sistema hospitalario si se produce un incremento exponencial de los ingresos. Pero muchos de los presidentes autonómicos más reacios al confinamiento perimetral siguen sopesando perjuicios y beneficios de constreñir la actividad entre salud y economía relacionada con el sector del turismo y el ocio y con la vista puesta en la campaña navideña.  

Todo ello se produce entre dudas, en un debate interesado sobre el ‘desgobierno’ que se ha producido con la declaración del estado de alarma y la posibilidad de que cada comunidad autónoma establezca las medidas que considere más adecuadas sobre confinamientos y toques de queda. A las críticas por el mando único establecido por el Gobierno en el primer estado de alarma le siguió la carrera de gobiernos autonómicos que iniciaron la carrera para ver quien desconfinaba antes. Ahora parece que se echan de menos esas medidas comunes, las fases para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, a ningún dirigente regional se le ha escuchado críticas a esta situación con gobernantes de todos los partidos, porque la nueva situación les otorga todo el poder para establecer las medidas a aplicar y sobre todo sobre la extensión del toque de queda, con un nuevo debate jurídico sobre la capacidad de las comunidades autónomas para legislar sobre derechos fundamentales.  

No hubo acuerdo entre los partidos en la primera fase de la pandemia y tampoco parece que lo habrá en la segunda y se tiene la sensación de que la cogobernanza con medidas distintas que responden a una continua improvisación se traduce en un desgobierno porque los ciudadanos no acaban de entender que así funciona el estado de las autonomías.