Al fin el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado una alegría a España, después de sentencias y decisiones que siempre han castigado a la Justicia española, como si una mano negra moviera hilos indeseables. Que la ha habido, algún español con cargo en ese tribunal se ha caracterizado por ir contra los intereses de su país de origen, llevado por una interpretación sesgada de las leyes y anteponiendo su ideología supuestamente progresista. Todo el mundo conoce a quien ha maniobrado durante años en el tribunal europeo para favorecer, en algunos casos, a terroristas etarras.

Puigdemont no es terrorista, pero ha hecho un daño inconmensurable a los españoles que defienden su Constitución. Con un abogado que estuvo vinculado a ETA, ha toreado decisiones de jueces y fiscales españoles, pero al fin el juez Llarena, incansable en la defensa de la Justicia española, ha visto el resultado de su trabajo, y el TJUE ha determinado que a la Justicia española corresponde determinar cuál es la autoridad competente para solicitar la extradición de un español con causas pendientes en su país. Éxito, por tanto, para Llarena y el equipo de profesionales españoles destinados en Bruselas.

Llega la noticia de la probable extradición de Puigdemont después de que el gobierno haya maniobrado hasta el infinito para favorecer a quienes, como Puigdemont, promovieron una intentona golpista por la que fueron condenados, encarcelados, indultados y, por si no fuera poco, premiados con una ley que borraba sus antecedentes y les permitía cumplir sus objetivos políticos, con la abolición del delito de sedición y la rebaja de las condenas del delito de malversación. Una de las iniciativas más deplorables del gobierno Sánchez, más vergonzosa, que en algún momento le pasará factura.

Sánchez se ha tomado la Justicia a título de inventario. No solo interviniendo directamente en un campo que en todas las democracias es independiente, el judicial, sino cambiado leyes en el parlamento cuando los jueces ponían pie en pared para impedir que desde Moncloa trataran de imponer su criterio cuando la aplicación de la ley les era adversa. El propio comisario europeo de Justicia ha dado varios toques de atención al gobierno español. Sin éxito. Pero esta vez el TJUE ha tomado una decisión que produce satisfacción y sobre todo alivio, porque ante los desmanes del gobierno no se veía, hasta ahora, que las instituciones europeas defendieran a la justicia española. Se limitaban a hacer consideraciones que no conducían a ninguna parte.

Buena noticia, por tanto, para España y mala para Puigdemont y los otros prófugos independentistas. Su extradición puede estar próxima, aunque es difícil prever cuáles son las decisiones que van a tomar los tribunales españoles. No hay por qué dudar de su compromiso con el cumplimiento estricto de la ley. Fue Sánchez, no Llarena, el que puso todo su empeño en cambiar lo que hiciera falta para que a sus socios no se les aplicaran las leyes vigentes.