El pleno de investidura de Pere Aragonés como presidente de la Generalitat ha dado las primeras pautas de cómo transcurrirá la legislatura en el Govern y en el Parlament de Cataluña: entre la desconfianza de los dos principales socios del Govern, ERC y JxCat; y con una presidencia del Parlament que no será un freno a las iniciativas independentistas que vulneraban la Constitución. Ambos hechos suponen que la judicialización de la política catalana será una constante por los desafíos que se lancen desde el Parlament bajo la presidencia de Laura Borrás, y por los enfrentamientos entre los dos polos del soberanismo bajo la vigilancia de los antisistema de la CUP, lo que anticipa un nuevo periodo de inestabilidad, enfrentamientos internos, dificultades en la gestión de los problemas de los ciudadanos y un acelerón de las propuestas independentistas.  

La decisión de la Mesa del Parlament de permitir el voto telemático del ex conceller huido de la justicia, Luis Puig, es el primer síntoma del cambio de criterio en el órgano de gobierno de la cámara catalana. La consecuencia es la presentación de un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de Vox y Ciudadanos. El primer enfrentamiento ya está servido. Roger Torrent se escudó en los servicios jurídicos y les hizo caso con la finalidad de no acabar como sus predecesores, juzgado o encarcelado. Laura Borrás, tras la purga realizada entre los letrados va al choque con el TC al que ya ha advertido que no aceptará sus resoluciones contrarias a los intereses independentistas.  

Pere Aragonés deberá esperar a la próxima semana, cuando necesitará una mayoría simple para acceder al Palacio de Sant Jaume y ocupar el despacho del presidente de la Generalitat.  Desde Waterloo, Carles Puigdemont le ha marcado el territorio para expresar su descontento porque su papel no va a tener la relevancia que desea. El llamamiento de Aragonés para desterrar la desconfianza entre ambos partidos no cayó en terreno fértil. La intención del próximo presidente catalán es apostar por la mesa de negociación con el Gobierno central, pero con las exigencias de siempre, amnistía y referéndum de autodeterminación, las mismas que chocan frontalmente con la Constitución y el marco diseñado por el Gobierno para el diálogo dentro de la legalidad vigente. Como siempre, desde el independentismo se apela a que Pedro Sánchez dé pasos a favor de sus intenciones sin que ellos ofrezcan alguna alternativa, bajo la falacia de su defensa de la democracia, lo que aproxima el horizonte de la preparación de un nuevo referéndum ilegal.  

JxCAT se ha conformado en este primer momento, con el gesto de hacer pasar a Pere Aragonés por las horcas caudinas de la segunda votación. Con la terminal de Waterloo tratará de que la pinza sobre el republicano le constriña tanto que asfixie su acción política para tratar de recuperar el poder perdido. Al menos no propiciará una repetición de las elecciones. Mientras, a los partidos constitucionalistas, incluido el PSC que ganó las elecciones, solo les queda clamar en el desierto.  

En fin, todos los problemas que se podían prever en la política catalana y en la nacional, con la mayoría absoluta independentistas en el Parlament y después de que ERC volviera a defraudar las expectativas de la transversalidad, comienzan a materializarse.