Tres de las cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos, podría decirse que las más influyentes del planeta, cortaron la emisión en directo del discurso del todavía presidente Donald Trump porque su mensaje era mentiroso. Otras dos televisiones mantuvieron la conexión, pero apostillaron al final que no había aportado pruebas del robo electoral que denunciaba. Esta misma semana se reproducía la censura con la portavoz de la Casa Blanca. En paralelo a este asunto, el Gobierno español decretaba la aplicación de una directiva de la Unión Europea por la que se crea un organismo oficial encargado de luchar contra las noticias falsas, otra forma de pandemia que se ha extendido por el mundo y de cuyos efectos letales nadie está exento. Son hechos insólitos.
En el primer caso la censura la ejercen los medios sobre contenidos falsos, cuya difusión pueden tener efectos devastadores sobre la opinión pública, con riesgo de provocar violencia social y el descrédito de instituciones democráticas. El juicio de los periodistas se impone así sobre el sagrado principio de la libertad de expresión. Quienes hemos tenido responsabilidades en este terreno durante décadas con frecuencia hemos sido asaltados por la duda de si debíamos ser transmisores de falacias que algunas personas, fundamentalmente políticos, vertían en las ruedas de prensa con total impunidad. Sabíamos que lo que decían no era cierto, o no lo era del todo, pero le dábamos curso amparados en el convencimiento de que no era nuestra tarea la de jueces.
En lo que concierne a España, quien se arroga la tarea de censor es el Gobierno. La gran diferencia con respecto al asunto anterior es que las falsedades son difundidas desde el anonimato, amparándose en las posibilidades de ocultación que ofrece Internet. El objetivo es bueno, pero existe el riesgo de que el poder político pierda neutralidad y ejerza como parte. La perversión del fin, más pronto que tarde, resulta evidente. Al Gobierno correspondería, por tanto, poner los medios técnicos y humanos para detectar las noticias falsas y a sus autores, pero en absoluto la tarea de censor. Para eso están los jueces y ya existen leyes suficientes al amparo de la Constitución.